Hace menos de dos semanas denunciábamos que ante un primer caso de Covid-19 en la planta de vidrio del distrito de Quilmes, la patronal obligó a trabajar a un compañero con síntomas del virus, que luego al ser testeado dio positivo. Ahora ya son 5 los casos confirmados, mientras hay otros a la espera del resultado y en cuarentena. A pesar que algunos de los trabajadores infectados realizan sus tareas recorriendo la planta, los licenciados rondan unos 10 trabajadores, mucho menos que los que han tenido contacto con esos compañeros.

La patronal intenta limpiarse de responsabilidades con el auxilio del municipio que lidera la camporista Mayra Mendoza, que realizó una pseudoinspección hace varios días mostrando que todo estaba en orden. La denuncia de los trabajadores pone de manifiesto que entre los infectados hubo contacto, lo que supone que si hubieran sido licenciados los trabajadores correspondientes se podría haber evitado la expansión del virus en la planta. Lejos de eso, la empresa nuevamente, ahora con el aval de la intendenta, prioriza mantener la producción.

Lo cierto es que uno de los últimos trabajadores infectados fue obligado a trabajar con el aval del médico de la empresa, a pesar de tener claros síntomas, como tos seca y fiebre, y alcanzó un cuadro de salud complicado. Con esta denuncia, queda planteada la renovación del servicio médico por su irresponsabilidad para favorecer a la empresa.

Cattorini, que produce botellas para bebidas alcohólicas, se apoyó desde el comienzo de la cuarentena en la esencialidad de la producción alimenticia, aunque no sea el caso. Además, extorsionó a los trabajadores con recortar el salario si no asistían al trabajo, empujando a los compañeros que son del sector de factor de riesgo -o que tienen familiares en esa condición- a tener que asistir, poniendo en peligro su salud, o ver en su defecto afectados sus salarios en un 40%.

El gremio en este período impulsó la vuelta al trabajo contra la cuarentena desde el principio. Intervino tarde ante cada caso confirmado, y acompañó las “medidas” de la patronal y el municipio, desechando cualquier consulta a los trabajadores.

En este cuadro, los trabajadores deben intervenir con un planteo preciso en defensa de su salud. Es urgente que se licencie con goce de sueldo a todos los trabajadores que han mantenido contacto estrecho en los últimos 7 días con los casos confirmados, que realicen aislamiento obligatorio, y sean testeados. El Estado debe disponer de los recursos para que estos testeos masivos puedan realizarse en cada lugar de trabajo, donde proliferan los casos; la orientación del gobierno de Alberto Fernández, lejos de ser el refuerzo del sistema de salud y destinar recursos a él, sigue siendo el pago de la deuda pública y el subsidio a las patronales.

Solo una comisión electa por los trabajadores puede determinar qué compañeros deben ser licenciados, y no la patronal, que ha demostrado que nada le importa nuestra salud. Dicha comisión debe elaborar un protocolo frente a los casos de Covid-19, y garantizar su aplicación para que no obliguen a trabajar a compañeros con síntomas.