29/11/2021

La multa a Rappi y Pedidos Ya no resuelve la situación de los repartidores

El Tribunal de Trabajo N°1 de La Plata confirmó la multa que había dispuesto el gobierno de la provincia de Buenos Aires a las empresas de plataforma que operan el mercado de reparto de comida y productos. Se trata de un fallo que ha vuelto a poner de manifiesto que las empresas vienen cometiendo un fraude laboral contra los trabajadores, estableciendo una contratación bajo la figura del trabajador autónomo monotributista que les permite saltearse toda la ley laboral y los derechos conquistados.

Han hecho agua a la hora de intentar demostrar que no existe dependencia laboral, porque es claro que el servicio que ofrecen las apps tanto a locales como a consumidores se realiza con mecanismos de subordinación técnica a los repartidores incorporados en estas tecnologías. Estas incluyen sanciones y bloqueos, que llegan a ser sumamente arbitrarios cuando los propios pedidos tienen una cuota de aleatoriedad a imprevisibilidad, y un sistema de ranking o niveles que fijan escalas de ingresos (atados a estándares que entre otras cosas incluyen la cantidad de pedidos aceptados, horas de conexión, y horarios de mayor demanda cubiertos). De esta forma desaparece la ficción de la «libre» elección de la jornada laboral y de la «libre» aceptación de las órdenes de trabajo, argumento que sin embargo tampoco es suficiente para demostrar la supuesta inexistencia de relación laboral.

El Estado mete la cola para institucionalizar la precarización

Kicillof integra la coalición que detenta no solo el gobierno de la provincia sino el de la nación. La explotación del trabajo precarizado y fuera de convenio de las apps se ha extendido a lo largo y ancho del país, y también en muchos otros rubros como el de los conductores de taxi, donde no se ha tomado ninguna medida. La falta de derechos en nuestros trabajos es completa, y el salario de ninguna manera solventa esa desprotección ilegal.

En dos años de gobierno no han llamado ni recibido a los que fuimos «esenciales» desde el comienzo de la pandemia a discutir una regulación acorde a nuestras necesidades, que permita frenar las muertes y accidentes por la intensificación del trabajo y aspirar a un ingreso digno en una jornada normal. Lo dejó en claro el Ministerio de Trabajo cuando se declaró a sí mismo incompetente en ocasión del reclamo que hicimos allí en el marco de los paros internacionales.

La explicación de fondo es que tanto este gobierno como las demás variantes políticas capitalistas, entienden que el trabajo fuera de convenio y flexible constituye uno de los pilares de apoyo de una salida al parate económico y los niveles de desocupación. El liberal José Luis Espert lo expresó abiertamente en el debate de candidatos que no le interesaba que Pedidos Ya o Rappi hicieran lo que quisieran con los trabajadores. La clase capitalista mira con buenos ojos al modelo Uber, Rappi o Pedidos Ya, y van por una reforma laboral para imponerlo sector por sector.

La multa de Kicillof, confirmada ahora por la justicia, no garantiza en lo inmediato la contratación de los trabajadores con pleno acceso a derechos laborales. Tal como está planteado el escenario, es preciso avanzar en una regulación laboral que imponga un piso de derechos, el trabajo bajo convenio y el control obrero de la aplicación para que el blanqueo y la mejora de las condiciones de trabajo sean efectivas. Porque precisamente el modelo de las apps, aunque contradictorio con la legislación laboral como lo muestran los fallos, ha progresado bajo el amparo del Estado, que se presenta como participe necesario del fraude ¿Quién sino es el que hace presentar al fisco la facturación, no solo a repartidores sino a cada vez más trabajadores en relación de dependencia de miles y miles de empresas?

La función de la multa es otra. No es terminar con la precarización, aunque la misma indudablemente surge en el marco de la fuerte denuncia y lucha nacional e internacional de los trabajadores. Es la de forzar la negociación de las empresas con el gobierno y la burocracia sindical de ASSIM o ACRI cuya representatividad es minoritaria, de cara a un acuerdo general con un sector potencial aportante de divisas, a tono con un plan económico más general de ajuste y reforma laboral para el pago de la deuda. En este acuerdo, un reconocimiento laboral puede ser el vehículo para acceder a una masa de contribuciones patronales a cambio de una liquidación mayor de los magros ingresos que ya tenemos, y de numerosos puestos de trabajo, regenteado por la burocracia sindical. Finalmente para las patronales, regulaciones hechas a su medida son una garantía, -o como ellos expresan una seguridad jurídica-, mayor que dejar las puertas abiertas.

Los trabajadores tenemos que intervenir

El punto de la regulación no es moco de pavo. Es un aspecto recurrente y polémico del debate de cada una de las problemáticas que sufrimos los repartidores, por su estrecha conexión, y un tema que se va colando en la agenda mientras se debate el modelo de trabajo futuro bajo un régimen social agotado que nos ofrece como alternativa una creciente desocupación y miseria.

Desde ATR ya hemos rebatido los mitos que las empresas instalan en torno al blanqueo. También expresamos como el reconocimiento mejoraría el terreno de la disputa salarial, sin restar importancia a encarar una intensa campaña en amplia unidad para arrancar el tan necesario aumento.

El gobierno ha dejado trascender en algunos medios sus puntos para una regulación, cuyo espíritu es el mero acoplamiento a la ley, aunque esto aún no sale de los papeles. Mientras tanto, la maniobra del gobierno deja mucho margen a las empresas para que esta la adaptación se realice en sus términos. No hay intención alguna de escucharnos realmente a los trabajadores y tomar en cuenta nuestras necesidades.

Es por eso que para aquellas organizaciones que genuinamente peleamos por mejoras, abrir un debate sobre que clase de regulación debemos oponer a las patronales y al gobierno, y presentarse a la disputa con una posición propia, es en este momento la manera de intervenir tomando la iniciativa en nuestras manos. Por eso desde ATR elaboramos una propuesta de 15 puntos y abrimos en la siguiente etapa una intensa campaña de difusión y deliberación.

Abajo el fraude laboral. Reclamamos que lo recaudado por la multa regrese al bolsillo de los compañeros.

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