Con la presentación del proyecto de ley de movilidad jubilatoria, el kirchnerismo ha instalado un debate: si con la fórmula de Macri perdieron los jubilados, hay que apoyar esta. Más aún: cómo no vamos a apoyar esta fórmula que viene a suplantar nada menos que la del más antiobrero de los gobiernos, el de Macri, mediante la cual los jubilados perdieron un 19,5% respecto del costo de vida en los dos años que se aplicó. Finalmente, el robo macrista fue aprobado reprimiendo a 300.000 trabajadores el 14 y 18 de diciembre de 2017 con las tropas de Bullrich, y un enorme cacerolazo salió a respaldarnos esa la noche en que sesionaba Diputados. El Partido Obrero sufrió luego de ello el encarcelamiento de dos de sus militantes, uno de los cuales está ahora mismo siendo sometido a juicio oral junto a otros manifestantes.

Todo eso es así. Pero el gobierno de los Fernández envió de entrada una ley llamada de Emergencia, por la cual suspendió la ley de movilidad, y la misma fue establecida por decreto por todo el 2020. Resultado: los jubilados perdieron hasta setiembre (falta el último aumento de diciembre) entre $996 por mes para la mínima y $18.119 para la máxima. Esto porque, en vez del 35,9% que habría correspondido por la fórmula anterior de 2017, se aplicó 28,9% para la mínima y 18,4% para la máxima. Todavía queda diciembre para establecer la pérdida final en un solo año de gobierno Fernández. De manera que como primera conclusión podemos adelantar, antes del análisis, que al gobierno no le falta voluntad política de bajar el poder adquisitivo de las jubilaciones, porque ya lo hizo todo este año.

Comparemos

Veamos las fórmulas comparadas. La anterior, votada por el macrismo con acuerdo de los senadores peronistas y buena parte de los diputados del PJ, se componía en un 70% por índice de inflación y el otro 30% por un índice llamado Ripte (remuneración imponible) de variación salarial. Su aplicación era trimestral, con atraso de dos trimestres en cuanto a los índices a tener en cuenta. Por eso en marzo y junio de este año correspondían aumentos de precios de 2019, por lo que los haberes hubieran recuperado parte de la inflación ya sufrida; pero los porcentajes por decreto fueron peores.

La fórmula que se propone ahora es 50% por evolución de salarios y 50% por recaudación; es decir que la inflación según índice del Indec desaparece por completo. Su aplicación es semestral, y se tomará la evolución de ambas cosas del semestre que va desde tres a nueve meses antes. ¿Será entonces igual a la que regía con el kirchnerismo, antes de la nueva fórmula de Macri? No, tampoco. Porque la evolución de los salarios no se toma por los salarios según el Indec sino del Ripte, que toma solo la evolución de los salarios en blanco que efectivamente entran a la Anses (no van todas las cifras no remunerativas que son hoy por hoy muchas en todos los gremios, como tampoco la evolución de los salarios informales).

Por otra parte, la recaudación que se toma es solo de los impuestos y aportes que van a la Anses. Por ejemplo: el impuesto al cheque, parte del IVA, del impuesto a los combustibles y del impuesto País a la compra de dólares. De estos se propone medir la variación entre semestres iguales de años consecutivos, divididos por los beneficiarios del sistema. Ergo, si desaparece un impuesto como el País -que es al dólar ahorro en el marco de la brecha cambiaria-, chau recaudación; si las patronales evaden como este año, chau recaudación; si se bajan los aportes patronales como está ocurriendo ahora de manera serial con las suspensiones, con los licenciados por vulnerables y con el personal de las Pymes, chau recaudación.

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Como frutilla del postre… hay un tope, aunque el lector no lo crea. El tope es que el aumento anual solo puede pasar un 3% de la recaudación, si la evolución de los salarios diera más que eso. El golpe que pueden sufrir las jubilaciones es demoledor. A tal punto es así que la camporista Fernanda Raverta, titular de la Anses y defensora a ultranza de la nueva fórmula, dice que la proyección le da que para 2021 los aumentos sumarán un 32,2%, mientras el Banco Central acaba de proyectar una inflación para los próximos 12 meses del 52,1%. En esta comparación se aprecia la magnitud de la confiscación que se prepara.

Todos los tributaristas y especialistas en derecho jubilatorio dicen que la nueva fórmula se aparta de todo criterio de mantención del poder adquisitivo de los salarios. Esto es claramente así, porque se divorcia definitivamente de la inflación de precios al consumidor -que es la que sufre el jubilado, como todos los trabajadores. Los salarios tampoco tienen actualización por inflación, pero hay paritarias que pueden discutir esa actualización; los jubilados están condenados por la legislación que se apruebe en materia de actualización, puesto que se ha anulado para el Sistema Integrado el 82% móvil, que refería la jubilación a ese porcentaje del cargo testigo del trabajador. Ello tenía la lógica de relacionar los haberes a los aportes realizados, y constituir un salario diferido del trabajador que aportó toda la vida de acuerdo a su salario. Con la nueva fórmula la jubilación se divorcia al mismo tiempo de la inflación y del salario en actividad.

Surge la pregunta entonces: ¿cómo es posible que Macri, un gobierno antiobrero, hubiera mantenido una ligazón aunque parcial de la jubilación a la inflación? Porque suponía que la inflación descendería y el jubilado perdería lo que le hubiera correspondido por la evolución económica de 2017, ya que hubieran tenido actualizaciones a la baja como resultado de la inflación a la baja. Eso no ocurrió, se pudrió todo, hubo varias devaluaciones desde 2018 y los índices se fueron a las nubes. De cualquier manera, Macri zafó de reponer parte de esa pérdida porque como explicamos el cálculo era de aplicación trimestral pero tomando la inflación de seis meses atrás.

La conclusión es que Fernández hasta acá fue peor que Macri, que Macri fue peor que Cristina, y Cristina fue obligada a poner algún tipo de movilidad por la Corte Suprema, con sus sucesivos fallos y los centenares de miles de juicios que ganaron los jubilados contra los aumentos por decreto del gobierno de Néstor Kirchner, de De la Rúa, de Menem y así de corrido. Cada gobierno perjudicó a los jubilados licuando su poder adquisitivo. Esta vez no será la excepción, al menos como orientación.

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Nuestra propuesta, nuestra lucha

Por este motivo, la fórmula propuesta y los aumentos a la baja por decreto de este año son del beneplácito del FMI. Más aún, están en el centro de las “reformas estructurales” que típicamente impone el Fondo a un crédito de “facilidades extendidas” como el que pide el ministro Martín Guzmán. No es la única, hay además reformas laborales, impositivas, ajuste de gastos fiscales, corset monetario, y muy probablemente una devaluación, antes de firmar el acuerdo.

Nosotros proponemos –y así lo ha resuelto en reciente reunión un frente de lucha de organizaciones de jubilados- una fórmula basada en el índice de aumento de todos los salarios emitido por el Indec o la inflación, la que mejor resulte a favor de los jubilados, de manera trimestral como máximo. Que la mínima sea de $49.614, como marca la canasta básica de la Tercera Edad para el último registro y actualizable de acuerdo a ese cálculo. Y la reposición del 82% móvil.

Es posible esto, si se termina con el vaciamiento de la Anses que han llevado a cabo todos los gobiernos. Hay que poner fin a las drásticas reducciones de los aportes patronales y al malgasto del Fondo de Garantía y Sustentabilidad,  además de terminar con el trabajo y los salarios total o parcialmente en negro.

Quienes nos gobiernan y gobernaron desfinancian el sistema previsional, rebajando aportes permanentemente desde Menem y la dictadura hasta aquí, y rebajan el poder adquisitivo también serialmente. Es la responsabilidad de una clase social, de los capitalistas que están detrás de bambalinas de la alternancia de la falsa grieta en el poder.

En el próximo período, vamos por una continuidad de la gran lucha de 2017, en nuevas condiciones. Eso mediante el frente único de organizaciones de lucha de jubilados, ocupados y desocupados; y reclamando a la CGT y CTA un paro nacional y plan de lucha por todas las reivindicaciones de los trabajadores, entre ellas el rechazo a la nueva fórmula de movilidad y por nuestra propuesta en defensa de la jubilaciones como un salario diferido.

https://prensaobrera.com/opinion/el-dolar-la-anses-y-la-devaluacion-del-futuro/

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