Sindicales

24/2/2021

La paritaria docente en Santa Cruz

El Frente de Todos continúa con una política salarial de ajuste.

Nuevamente sabor a poco: el gobierno provincial hizo un ofrecimiento salarial (20% escalonado) que se termina de abonar con los haberes de julio, es decir, se cobra en agosto; a esto hay que añadir la incertidumbre sobre las condiciones sanitarias y edilicias respecto de la tan anunciada vuelta a la presencialidad, ni hablar de las condiciones laborales y pedagógicas sobre las que no se escribió ni una sola palabra. Se suma a esto que pretenden hacer los ofrecimientos de cargo con los listados del año 2020, hecho que atenta contra nuestra posibilidad de acceder al trabajo y que suma caos y confusión a todo el sector docente. Frente a este cuadro vamos por el  no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48hs y movilización a la paritaria el 2 de marzo.

La destrucción del salario docente no se recupera diciendo que la mejor paritaria del año 2020 fue la de Santa Cruz, que aun así quedó 1.7% por debajo de la inflación general y 11% debajo de la inflación de la canasta alimentaria.

La grieta entre los salarios y la línea de pobreza no para de crecer. Basta con observar que un docente recién ingresado cobraba poco más de 14 mil pesos por debajo de la línea de pobreza en diciembre del 2019 y un año después (diciembre 2020), con la que el gobierno y la conducción gremial presentan como la mejor recomposición salarial, el mismo docente cobra 21 mil pesos por debajo de la línea de pobreza. Más alarmante aún es el hecho de saber que un docente con un solo cargo se jubiló en diciembre del 2020, con un salario 10 mil pesos inferior a la canasta de pobreza.

En este contexto es donde se hace evidente que la oferta de un 20% escalonado a terminar de cobrar con los haberes de julio, es decir en agosto, es sumamente insuficiente porque no saca a los docentes de la línea de pobreza medida en diciembre del 2020, ni hablar de la que se medirá en julio de 2021 cuando terminen de darnos el aumento ofrecido por el gobierno.

Cecilia Velásquez, presidenta del Consejo de Educación, pide vocación de presencialidad pero patean la discusión de las condiciones de salubridad. Sin ninguna precisión por parte del Consejo y sin ninguna exigencia por parte del gremio docente Adosac, la discusión sobre las condiciones de salubridad pasó sin pena ni gloria y se decidió hacer una reunión informativa el jueves 25, por fuera de la paritaria, pateando la negociación colectiva para el 2 de marzo, un día después de iniciado el ciclo lectivo.

La conducción de Adosac, que se negó a discutir un pliego de condiciones que garanticen nuestra seguridad en las escuelas y también se negó a votar la conformación de comités de seguridad e higiene que vean en cada colegio si se cumplen o no esas condiciones mínimas de seguridad, no sólo llegó a la paritaria sin algo concreto para aportar al debate, sino que además deja desarmados a los docentes a la hora de enfrentar las políticas de un gobierno que ha demostrado lo poco que le interesa la salud y la educación.

Las condiciones de explotación laboral están al borde del colapso

Es increíble pero real, en plena pandemia continúa la política de cerrar cursos y amontonar alumnos, que deja docentes sin trabajo, a los que tienen trabajo los deja con recarga laboral y a las pibas y pibes los deja en peores condiciones de atención pedagógica.

A esto se le suma el intento de imponer la doble modalidad (presencial y virtual) sin precisar si se nombrará nuevos docentes para cumplir con la función o si el doble trabajo recaerá nuevamente sobre los hombros de la exhausta docencia que sostiene el sistema educativo sin recursos, sin salarios acordes al costo de vida y sin condiciones de salubridad.

Vamos a la asamblea

Las clases no pueden comenzar, ni virtual ni presencialmente si el gobierno no cumple con sus responsabilidades de pagar salarios acordes al costo de vida, de cuidar la salud de la comunidad educativa y de garantizar los recursos para el funcionamiento óptimo del sistema.

Por ellos reclamamos:

1- Aumento salarial de $54.200 retroactivo a enero y con cláusula gatillo de reajuste por inflación. Sólo pedimos no ser pobres.

2- Un pliego de condiciones mínimas para garantizar la seguridad en las escuelas y la conformación de un comité de seguridad e higiene que puede estar conformado por los delegados de cada colegio, para controlar que se cumplan las pautas de seguridad y no se ponga en riesgo innecesario la vida de ningún actor educativo.

3- Creación de cargos para hacer seguimiento de las trayectorias de los alumnos abandonados por el Consejo Provincial de Educación por no contar con los recursos para estudiar bajo la virtualidad que impuso la pandemia, rechazando el cierre de secciones.

4- El equipamiento tecnológico de estudiantes y docentes, como así también la liberación de Internet para poder dictar clases a todas y todos los estudiantes.