En el día de hoy la educación pública recibió un nuevo ataque directo por parte de Larreta-Acuña con el anuncio de la modificación del Calendario Escolar 2023 en el que se plantean la eliminación de 3 de las 5 jornadas de mejora institucional (EMI), a realizarse días hábiles y como parte de la capacitación en servicio planteada en el Estatuto Docente, para llevar adelante su realización los días sábados. Es decir, un forzamiento a la docencia del nivel inicial, primario y medio del sistema educativo de gestión pública y privada (éstas últimas deberán informar el cronograma respetando la decisión gubernamental) a renunciar a sus derechos y condiciones laborales.

El jefe de gobierno y su ministra de Educación han tomado como eje de campaña electoral la educación. Esto redunda en un despliegue de medidas anti educativas a la altura de un gobierno que, solo de manera exclusivamente discursiva, plantea la defensa de la Educación y el acceso a la misma. Ridículo y cínico, sobre todo para la docencia y comunidades que, pese al vaciamiento educativo perpetrado justamente por quienes dicen defender la escuela pública, han tirado por tierra el presupuesto educativo y toda iniciativa que verdaderamente promueva el acceso al elemental derecho que es la educación. Por caso más de 35 mil pibis hoy no tienen una vacante en la escuela pública porteña.

Pero además, la medida que dice promover la calidad educativa representa un choque de derechos conquistados por parte de la docencia como es la capacitación en servicio. Es decir que esta modificación no tiene como objetivo amplificar las posibilidades educativas de miles y miles de pibis que transitan las escuelas sino que configura la reforma laboral iniciada el 12 de mayo con la votación de la reforma del Estatuto en la Legislatura de la Ciudad. Avanzan un paso más en el disciplinamiento a la docencia al punto de resultar una iniciativa intrusiva y restrictiva incluso del derecho a la autonomía de las personas, tanto en lo que concierne a la planificación de la vida personal, familiar, académica y/o laboral.

Sin embargo, el problema no se limita a la CABA. La carrera presidencial ya la largaron desde los bloques mayoritarios entre quienes pretenden polarizar. Mientras el jefe de gobierno hace campaña presidencial, no hay diferencia alguna entre halcones y palomas a la hora de desarrollar un programa anti educativo y anti docente. Pero tampoco hay grieta cuando se trata de precarizar trabajadorxs y condiciones de estudio.  Tanto la 5ta hora en provincia de Buenos Aires de la mano de Kicillof como el traspaso de las escuelas de jornada simple a completa, sin presupuesto alguno, va en sintonía con obligar a la docencia a que asista los días sábados a las escuelas.

Los argumentos con los que han desenvuelto el anuncio van de falaces a hipócritas ya que los problemas reales de las escuelas permanecen al margen de posibles soluciones que pudiese dar Larreta-Acuña. Mientras ratas y gendarmes provocan padeceres a comunidades educativas enteras, los problemas de infraestructura escolar continúan sin respuesta, los problemas socioeducativos se agravan en una Ciudad que intenta barrer debajo de la alfombra los múltiples y diversos problemas, emergentes como el producto de su propia política.

Las arbitrariedades son enormes: mientras los salarios docentes se desmoronan ante la inflación y provocan una creciente pérdida de poder adquisitivo, lxs estudiantxs son sometidos al hambre y la miseria engrosando los números nacionales, que son lapidarios en materia de pobreza infanto juvenil.

La definición de forzar a la docencia a asistir días sábados a los lugares de trabajo, pese a edulcorar la medida con la promesa del pago de dichas jornadas, sin mencionar montos ni impacto real en el salario básico, abona a los fallidos pero múltiples intentos de romper los lazos comunitarios que se tejen desde las escuela con las familias. Esto busca enfrentar la respuesta docente con las necesidades sociales y educativas, mientras desde las escuelas se realizan peripecias para afrontar las consecuencias de la crisis que se vive en cada rincón del país y que impacta en las escuelas.

Entre la docencia crece el rechazo. Sin embargo, desde la conducción del sindicato mayoritario UTE-Ctera se limitaron a una expresión discursiva de rechazo sin que medie llamado a organizar las escuelas para defender las capacitaciones en servicio y el conjunto de derechos en juego. En tanto, el combativo Ademys ya tenía convocada una asamblea en la que sin duda no estará ausente este reclamo ni las deliberaciones al respecto de un plan de acción.  Organicemos asambleas de escuelas y distritos. Es fundamental un plan de lucha y un paro educativo que enfrente este y el conjunto de ataques del gobierno de Larreta-Acuña.

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