Hoy está ingresando en diputados un proyecto de ley para la derogación de la ley 6821 “antihuelgas” con origen en un decreto que sancionara el romerismo cuando despidió 5.000 estatales y privatizó los servicios públicos que ahora Urtubey pretende aplicar a los maestros. La ley es anticonstitucional porque establece la penalización del ejercicio del derecho de huelga con el descuento de los días y habilita la prohibición lisa y llana de las huelgas en los llamados servicios esenciales de salud y educación.

Reingresa hoy, además, nuestro proyecto de reforma del Estatuto del Educador, que plantea recuperar derechos esenciales de la docencia que son además reclamos centrales de esta huelga: la reducción de las horas de trabajo de los profesores de las 66 actuales a 45 y un régimen de titularización anual que termine con la precarización laboral.

En los concejos de Orán, capital e Irigoyen se aprueban declaraciones propuestas por nuestros concejales pidiendo que la Legislatura sancione la ley del salario mínimo y vital acorde al costo de la canasta familiar que es justamente lo que reclama la docencia al establecer los 5.500 de básico que con los adicionales alcanza aquel valor.