Los trabajadores del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) resolvieron la retención de tareas por 48 horas denunciando las ​ presiones de las autoridades sobre “oficinas claves” del organismo,​ la falta de insumos informáticos y violencia laboral​ por parte del presidente del Instituto y sus funcionarios.​ Para Eduardo Santín, quien preside el Instituto de Previsión todo el problema se reduciría a “una mudanza de oficinas” para mejorar el servicio. En verdad, la retención de tareas es una respuesta a la “reestructuración” (ajuste), y a los ataques que vienen sufriendo los trabajadores.

La conducción de ATE​ calificó ​la situación​ como crítica ​ pidiendo que se respeten los derechos laborales y se “agilicen los trámites jubilatorios”.​ A días de la derrota electoral del Frente de Todos, y del colapso de Kicillof en la​ votación provincial, las mismas burocracias de ATE y UPCN, que hasta hace poco bancaban a Santín,​ pasaron ahora a acusarlo de autoritario y a su gestión de arbitraria. Los remezones pos Paso siguen golpeando en la línea de flotación del “compañero gobernador” Kicillof y sus funcionarios, y realinean a las burocracias en sintonía con la intervención pejotista del gabinete provincial.

​En un reportaje radial, Eduardo Santín trató de minimizar el conflicto con los empleados del IPS y terminó abriendo la caja de pandora al declarar que si no hay cambios en el Instituto de Previsión Social “el déficit que arrastra le impedirá sostenerse en el tiempo”. Toda una confesión que delata además a las direcciones sindicales oficialistas​ que en el 2020 respaldaron en una​ carta pública ​a Santín negando el peligro de una transferencia de los fondos del organismo provincial a la Anses (armonización y liquidación del IPS). El Instituto de Previsión bonaerense​ es no solo una caja negra donde meten mano los gobiernos capitalistas​ sino también un botín para las burocracias sindicales que tarifan su complicidad con el saqueo a los aportes​.​

​Con un “sincericidio” buscado, Santín reconoció que hay 50.000 expedientes jubilatorios demorados y sin salir. El retraso de la modernización informática es el resultado de la falta de inversión y de un vaciamiento continuo para condenar al IPS l​a la parálisis más completa. Esta grave situación, con expedientes frenados por meses y años, se agravó con la “jubilación digital” implementada sin recursos​ desde el 2020 lo que terminó por taponar las jubilaciones en plena pandemia.​ Se calculan en un 90%​ los trámites iniciados que tiene demoras y en un 70% los que presentan errores de “sistema”​ que perjudican a quienes tramitan su jubilación, otra forma de recortar las jubilaciones.​​

Mientras Santín promete -en nombre de Kicillof y el Frente de Todos- acelerar ​ la jubilación de los trabajadores estatales, docentes y municipales a un tiempo promedio de 90 a 120 días, la jubilación digital terminó convirtiéndose en un cepo​ para quienes están en edad y condiciones de jubilarse (las más de las veces el aspirante a jubilarse​ no puede​ siquiera ingresar​ al sistema). Las “caídas del sistema” son un práctica constante y reiterada que hace de los trámites jubilatorios el infierno del Dante.​ ​Como están las cosas​ el IPS​ no garantiza que un trabajador pueda acceder en forma inmediata a su jubilación finalizada su vida activa, ni tampoco la continuidad del pago de las jubilaciones .

Por ley ​ provincial 15243,​ se “actualizó” el​ anticipo jubilatorio del ​ 60% del salario que no debería durar un plazo mayor a los doce meses hasta que salga la jubilación. Estos “anticipos” son para los docentes de la gestión estatal pero no para los docentes de la enseñanza privada. En la medida​ en que la jubilación​ se convierte en un cuello de botella por el vaciamiento y acumulación de expedientes,​ ​los plazos​ se alargan y no se pagan los juicios por mora. Una confiscación salarial​ a costa de los aportantes​ que ven recortados sus haberes​ al 60% hasta que salga el trámite jubilatorio.​ ​Lo que las burocracias sindicales llaman lentitud e ineficiencia es una política deliberada de ajuste.

La reforma antijubilatoria, ​junto a la reforma antilaboral y la eliminación de las indemnizaciones por despido, son exigencias de fondo del FMI para ajustar​ el “gasto social”. Siendo que los ingresos previsionales son de carácter alimentario, la demora de 50.000 expedientes es un hecho criminal, y la ley​ 15.243 de “anticipos” actualizados un ocultamiento del ajuste. Como denunciamos en Prensa Obrera,​ los nacionales y populares preparan la “armonización” que el macrismo intentó y no pudo llevar adelante con Vidal por la resistencia de los trabajadores.​ El “canje” de deuda externa a lo Martín Guzmán de​ Axel Kicillof exige garantías de ajuste y de reforma previsional.​ Con la pejotización del gabinete provincial esta tendencia va a crecer porque los intendentes son los primeros en evadir el aporte previsional de los trabajadores municipales de sus distritos.​

​​El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad apoya la lucha de los trabajadores del Instituto de Previsión Social y hará de esta segunda fase de la campaña electoral una defensa encendida de las jubilaciones provinciales y contra toda “armonización”​ y vaciamiento del IPS. No a la reforma jubilatoria de Kicillof-Santín.​ Rechazo a toda modificación a la baja de la edad para jubilarse. Jubilación no inferior al costo de la canasta familiar​ hoy superior a los 100.000 pesos​.

Por un IPS bajo la dirección de los trabajadores y no de los ajustadores.​

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