Ni de Sturzenegger, ni de Solimeno: la pesca debe ser de los obreros
Una lucha capitalista por la obtención de ganancias.
Se está sustanciando un juicio que unificó dos denuncias por coimas (se habla de 15 millones de dólares) por la renovación por 15 años de los permisos de pesca según la Ley de Pesca. Esta renovación se efectivizó a principios de 2025. En esos meses hubo un tironeo entre el gobierno de Milei y las cámaras de la pesca: Sturzenegger, sin ser aún ministro, acusó a los empresarios pesqueros de extraer gratis la materia prima. Luego de unas semanas todo se pacificó, en torno a un aumento de los Derechos Únicos de Extracción de un 0,15% a un 2% de las capturas. En esos meses se publicó lo de las coimas y, entre ellos, Gustavo Pulti, exintendente, actual concejal y referente de Kicillof, presentó una de las denuncias.
La industria pesquera exporta por unos 2.000 millones de dólares anuales; la mitad se desembarca en Mar del Plata y el resto en los otros 4 o 5 puertos.
Hoy se reaviva el debate: Sturzenegger, entrevistado en el streaming de Canal 8, ha vuelto a la carga, esta vez contraponiendo las regalías petroleras del 18% con el 2% de los empresarios pesqueros. Y ha vuelto a amenazarlos, ahora como ministro, con hacer una licitación internacional por esos DUE. Es decir, quiere emparejar el choreo.
La Ley Federal de Pesca, promulgada en 1998 siendo Menem presidente y Felipe Solá el secretario del área, fue una medida destinada a ordenar el caladero, que llegó a estar en riesgo de colapso por la pesca desenfrenada. La solución menemista fue una ley privatista que repartió las cuotas de captura entre los registros históricos de cada flota y entramado empresario. Es decir, fue un reparto más o menos ordenado de una riqueza inmensa y un reforzamiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero como orientador de la actividad, que se financia con una parte de los ingresos de la actividad.
Es falso, como dice Solimeno (empresario pesquero), entrevistado por LU9, que nadie la cuestionó: el Partido Obrero, desde el primer minuto, denunció que era una suerte de “alambrado” del mar en beneficio de los capitalistas, en su mayoría locales. Tampoco nos comimos el verso de que era una herramienta de blanqueo de la actividad, por el hecho de un artículo que decía que el pescado se iba a repartir según el personal en blanco de cada empresa; la pesca siguió siendo un bastión del trabajo en cooperativas truchas y de liquidaciones en negro de gran parte del personal de tierra y embarcado, y… de pesca no declarada o falsificada (declarar pesca de una especie por otra). Néstor Kirchner nunca cumplió con su famoso “cárcel a los evasores” y, más aún, Cristina promulgó una Ley Pyme que liquidó grandes conquistas del Convenio 168/75, como la garantía horaria, las 8 horas, etc., que tampoco terminó con el trabajo en negro. Ni las coimas, que como se ve son parte del paisaje portuario.
Sturzenegger no encarna nada más que un interés del conjunto de los capitalistas preocupados por “emparejar” los márgenes de ganancias entre ellos y ahora, como en 2024, tratar de “rascar la olla” en busca de recursos, hoy inexistentes, para hacer frente a la impagable deuda externa en manos de los especuladores. El Coloso busca su justicia social.
Los capitalistas locales lloran porque al 2% le suman entre un 5% y un 10% en concepto de retenciones a la exportación (sumados, igual, la mitad que los mineros y petroleros). Sin embargo, han gozado de un puerto liberado durante décadas.
No hay que engañarse: hay un camino alternativo a los chorros capitalistas, y pasa por nacionalizar el recurso bajo control de los trabajadores de mar y tierra, establecer una empresa nacional de pesca (con astilleros y flota mercante incluida) y sumar el reparto de horas de trabajo en blanco, bajo el mejor convenio de cada actividad, con un salario mínimo igual a la canasta familiar, blanqueo de todos mediante notificación fehaciente y estabilidad laboral para todos los trabajadores.


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