Tras la concreción de miles de despidos en medio de la cuarentena, y el enorme estupor social que generó el anuncio de Techint, llegó el decreto presidencial que prohíbe despidos y suspensiones por dos meses. Con la autoridad de haber levantado con fuerza el planteo de la prohibición de despidos y suspensiones, desde las páginas de Prensa Obrera analizamos como el decreto llega tarde y con restricciones. Tarde porque no es retroactivo para los despidos que ya se produjeron -como en cambio sí lo serían los subsidios a las Pymes financiados con fondos de los jubilados-, y restrictivo porque no alcanza al sector informal, a la vez que no impide los despidos por la vía del cierre de empresas ni garantiza el pago de salarios. Con todo, resulta igualmente un punto de apoyo para las duras peleas que tiene por delante el movimiento obrero. 

Luego de oficializado el decreto que prohíbe por dos meses despidos y suspensiones se conocieron en serie distintos casos de rebajas salariales. Con el aval de la burocracia de Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) los trabajadores mineros de la cal, piedra y afines, que se encuentren en cuarentena, cobrarán el 70% de su sueldo en forma no remunerativa (Infogremiales, 1/4). General Motors, por su parte, con el sello cómplice de la burocracia del SMATA, suspendió el 80% de su personal fuera de convenio con un ajuste salarial del 20%, mientras la porción restante trabajará menos horas con una reducción de sus ingresos del 12,5% y los operarios de planta recibirán el 70% de su sueldo (El Cronista, 1/4). Pereyra, el burócrata del sindicato petrolero, ya había anticipado hace unos días este derrotero ofreciendo bajar sueldos del sector al 70 o 75% de forma no remunerativa. 

Basta atar algunos cabos para tomar nota de que no estamos ante hechos aislados. La campaña de la oposición derechista por la rebaja de los ingresos de funcionarios públicos, jueces y legisladores (que a nuestro juicio deben cobrar como cualquier trabajador) es, como en Uruguay, apenas la punta del ovillo para ir por el recorte de los salarios del sector público, como lo expresa un proyecto de ley presentado por el senador del PRO Humberto Schiavoni. Si en este marco ubicamos las declaraciones de Daer, el co-secretario general de la CGT, disponiéndose a negociar rebajas salariales para “preservar los puestos de trabajo”, caemos en cuenta de que no consistieron en ningún exabrupto sino en el aporte de la burocracia sindical a la agenda de la patronal. Las mismas patronales que amenazaron o directamente golpearon con despidos contra la cuarentena, ahora lo hacen con rebajas en los salarios. Sus laderos políticos y la burocracia sindical completan la orquesta anti-obrera.

 

Mientras reciben enormes subsidios y exenciones impositivas, las patronales apuntan contra el salario. Un crimen en medio de una cuarentena con enormes penurias sociales y una inflación sobre los alimentos desbordada. El gobierno apuesta a reforzar el arbitraje presidencial y contener el descontento popular cuando los choques entre las clases son más agudos que nunca. Mientras Alberto Fernández hace demagogia con una inédita verborragia contra los empresarios y los despidos, les da vía libre para ir contra el salario. De hecho, el decreto que acaba de firmar sobre las suspensiones tiene como excepción a las encuadradas en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, esto es, aquellas suspensiones que son acordadas con los sindicatos. De esa manera, le da pista a la burocracia sindical para que practique el deporte en el que más se destaca: la entrega de los trabajadores. 

En manos del gobierno del pago de la deuda -viene de pagar 250 millones de dólares hace unas horas-, de las patronales y de la burocracia sindical, la prohibición de despidos y suspensiones puede ser la zanahoria para aplicar un garrote contra el salario. Es necesario que tomemos nota de esta situación y reforcemos la organización independiente en todos los espacios de trabajo para impedir cualquier rebaja salarial, defender las paritarias, por la recomposición salarial, un aumento de emergencia y actualización mensual por inflación. Medidas que deben financiarse con el no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas. Desde luego, que en esta ofensiva patronal que tenemos enfrente, y que busca llevarse puesta a la cuarentena, no hay ningún interés sanitario. Más que nunca, la defensa de la vida y la lucha de los trabajadores contra el régimen que los oprime son una y la misma cosa.