Sindicales
22/5/2025
Marina Mercante: Milei quiere liquidar a los trabajadores por decreto
El gobierno aspira anular el derecho a huelga e imponer la legislación laboral más favorable para las patronales.
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Marina Mercante.
El gobierno nacional avanzó unilateral e ilegalmente con la reforma laboral contra los trabajadores marítimos, desregulando la actividad de la marina mercante a merced de los intereses patronales y suprimiendo virtualmente el derecho a huelga con artimañas que buscan atar de pies y manos a los trabajadores.
La medida se dio a conocer con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 340/2025 el cual establece el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional que, en su extenso texto, modifica aspectos sustanciales de la contratación del personal marítimo –afectando a la bolsa de trabajo de los gremios-, somete a los trabajadores locales a la legislación laboral extranjera, le otorga mayores facultades a los buques extranjeros y limita a su mínima expresión el derecho a huelga con disposiciones arbitrarias sobre los servicios esenciales y “trascendentales”.
Algunas de las modificaciones arbitrarias y antiobreras del gobierno replican partes enteras del DNU 70/23 cuyo apartado laboral fue bloqueado en la Justicia, volviendo a la carga con un planteo flexibilizador que combina la destrucción de derechos laborales con la supresión de garantías y derechos sindicales y constitucionales para evitar acciones gremiales.
Respecto al derecho de huelga, el gobierno vuelve con la ampliación antojadiza de los servicios esenciales, incluyendo los marítimos, estableciendo la obligación de que los gremios garanticen un 75% de la dotación ante medidas de lucha, convirtiendo a cualquier paro en una mera enunciación de intenciones. A su vez, incorpora la polémica figura de “servicios de importancia trascendental”, en cuyo caso las dotaciones garantizadas deberían ser del 50% del total el personal comprendido.
El gobierno busca borrar de un plumazo derechos laborales y constitucionales, como si pudiera disponer a su antojo del derecho a huelga y habilitar a las patronales para que se evadan de los convenios colectivos de la actividad de la marina mercante.
El decreto va aún más a fondo, modificando la Ley de Navegación, y habilitando a los buques de bandera extranjera matricularse en la Argentina y operar como un buque local, lo que, además de vulnerar derechos laborales locales implica mayores liberalidades para todo tipo de movimientos, incluso aquellos vinculados al narcotráfico, como quedó de manifiesto con el escándalo reciente de los 500 kilos de cocaína encontrados en el buque MV Ceci, atracado en el puerto de la empresa Vicentin en San Lorenzo.
Las direcciones de los gremios marítimos afectados manifestaron su disconformidad y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia, algo que los pinta de cuerpo entero en su pasividad respecto al ajuste, como quedó plasmado ante el cierre de las operaciones en la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, con cientos de despidos. Quienes sí manifestaron su descontento son los trabajadores, quienes organizaron acciones de rechazo en Santa Fe y en Rosario.
De prosperar estas medidas estaremos ante una modificación “trascendental” de las condiciones de trabajo en el sector marítimo, con niveles de explotación y flexibilidad laboral que superan incluso a las de una industria cuyo convenio ya incorpora diversas figuras adaptadas a las necesidades patronales.
Estamos ante una política general del gobierno que favorece el narcotráfico y el contrabando y en beneficio de las multinacionales extranjeras y las patronales que dominan el comercio exterior, para que hagan y deshagan a su antojo.
Las federaciones y los gremios portuarios deben impulsar un plan de lucha para derrotar esta ofensiva, con paros y acciones gremiales, para ponerle freno a la reforma laboral antiobrera en la marina mercante.
