Políticas
6/5/2025
Narcotráfico en los puertos privados del Paraná: no es solo Vicentin
Otra confirmación de la necesidad de nacionalizar el comercio exterior.
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La cocaína incautada en el buque MV Ceci.
El secuestro de 469 kilos de cocaína el pasado miércoles en el buque MV Ceci, atracado en el puerto de la empresa Vicentin en San Lorenzo, puso nuevamente de manifiesto que los puertos privados del Paraná, punto neurálgico del comercio exterior argentino, son una gran plataforma para negocios espurios como el narcotráfico.
No es la primera vez que Vicentin se ve envuelta en un escándalo de este tipo. Jonathan Caputero, el único detenido (en condición de arrepentido) de la tripulación filipina, declaró que la droga se cargó en Montevideo después de que el buque pasara por los Emiratos Árabes, en una operación cuyo destino final era Ámsterdam.
Además, señaló que la organización criminal que está detrás de este hecho realiza movidas similares dos o tres veces al mes desde los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, algunos fiscales dudan de su testimonio, ya que resulta poco probable que un buque cargue droga en un puerto para luego adentrarse en el río, donde podría enfrentar controles de seguridad.
Desde hace muchísimo tiempo se sabe que los puertos de Rosario son un resorte clave para la exportación de cocaína y otras drogas hacia Europa y otras partes del mundo. Este negocio involucra a poderosos clanes narco de América Latina, entrelazados con los Estados y los capitalistas de sus respectivos países.
El narcotráfico es uno de los negocios capitalistas más rentables del momento. “El kilo de cocaína en el Chapare, la región del trópico de Cochabamba donde se produce, tiene un valor de unos 2.000 dólares. En Europa, el precio alcanza los 35.000 dólares, pero si llega a Oceanía –la nueva ruta en auge–, puede costar entre 150.000 y 200.000 dólares” (La Nación, 5/5).
Según la Universidad Nacional de Rosario, en 2023 el narcotráfico generaba 9 millones de dólares mensuales en Santa Fe. Este dinero se lava posteriormente a través de bancos o negocios que funcionan como fachadas (constructoras, concesionarias de autos de lujo, inmobiliarias). Y muchas veces los narcotraficantes reciben ayuda extra de los gobiernos capitalistas.
El gobierno de Milei, por ejemplo, impulsó un blanqueo de capitales que les permitió legalizar su dinero y recientemente permitió la realización de grandes transacciones en dólares sin que sea necesario justificar su origen. Todo esto se hizo en función de aceitar las cadenas de la bicicleta financiera, de la que se benefician vastos sectores capitalistas.
Además, firmó un decreto que permite a las multinacionales prescindir de los serenos. “Hay 600 que ya no son contratados, y tampoco se revisan las hojas de ruta, la mercadería ni las provisiones que ingresan a los barcos”, denunció Orlando Brizuela, delegado del sindicato de serenos de buques (Versión Rosario, 5/5).
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se atribuyó una supuesta victoria del gobierno contra el narcotráfico, aunque sus fuerzas no tuvieron participación en la incautación. Fue el capitán del barco quien denunció el hecho tras abrir un refrigerador y notar la presencia de una sustancia extraña.
En realidad, todas las fuerzas represivas del Estado argentino son cómplices, ya sea por acción u omisión. Los casos de narcopolicías y narcogendarmes son numerosos, y la impunidad con la que operan las bandas mafiosas refleja una connivencia arraigada en fuertes intereses económicos y sociales.
Para terminar con el narcotráfico, se impone la necesidad de luchar por la nacionalización de los puertos y de la banca bajo control de los trabajadores.
