Javier Milei y Patricia Bullrich gastaron 56.000 millones de pesos en la compra de armamento y equipamiento para las fuerzas represivas que disparan contra los trabajadores cuando se movilizan en defensa de sus condiciones de vida. Mientras aplica esta política reaccionaria, que implica un fuerte gasto fiscal en pertrechos, el gobierno está armando un negocio con la privatización de Fabricaciones Militares, el mayor proveedor armamentístico del Estado. La represión como empresa capitalista.

Los datos surgen de un artículo publicado en Contra Editorial (28/4). El Ministerio de Seguridad gastó millonadas en municiones, cartuchos, gases y equipamiento (vehículos, cascos, guantes, bastones, entre otros). Asimismo, el gobierno contrató a la empresa Ejes S.A para monitorear los medios de comunicación y vigilar a quienes hablen sobre su política represiva.

Fabricaciones Militares (FM) le entregó al gobierno balas de plomo de distintos calibres y gases lacrimógenos también conocidos como “disuasivos químicos” o “cartuchos de hostigamiento” –uno de estos impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo. El equipamiento, por su parte, fue proporcionado por proveedores como Tecnología Antibalas S.A, Carlos S.A, Red Impact S.A, entre otros.

En simultáneo a estas compras millonarias, Milei avanza en la privatización de Fabricaciones Militares. Como paso previo, implementó una política de vaciamiento que incluye despidos y la subasta de insumos y materiales. Ya decretó el cierre de la planta de Jáchal y planea hacer lo mismo con la de Villa María; Fanazul, por su parte, permanece inactiva desde mayo de 2024, mientras que la planta de Río Tercero está siendo desguazada.

En esa línea designó como presidente de FM a Juan Manuel Vaquer, exgerente de la filial local de la multinacional estadounidense DuPont, una de las principales proveedoras de la empresa estatal. Los trabajadores denunciaron que su función sería utilizar sus vínculos en el país del norte para acercar posibles compradores.

La empresa es codiciada por algunas de las potencias capitalistas que integran la Otan, fundamentalmente por Estados Unidos. En julio pasado, funcionarios del Departamento de Estado recorrieron las instalaciones de la fábrica militar de Río Tercero. Es sabido que, como parte de su política imperialista, Donald Trump quiere reforzar su injerencia en lo que considera su patio trasero.

Mientras destinan fortunas a pertrechar a las fuerzas represoras de trabajadores y cómplices y promotoras de negocios turbios como el narcotráfico y la trata, los libertarios condenan a los jubilados a percibir haberes de indigencia, reducen los salarios de los estatales y recortan los presupuestos de salud y educación.

El ajuste contra los trabajadores funciona como garantía de pago de la deuda externa y de cumplimiento del nuevo pacto con el FMI. Consciente de que es muy probable que tarde o temprano el pueblo argentino se levante contra semejante ofensiva, el gobierno refuerza las atribuciones represivas del Estado.

Echemos al gobierno represor y ajustador con la movilización popular.

En Plaza de Mayo, el 1°, un acto político e internacionalista, ¡no faltes!

Explicar, organizar y luchar. -

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