Políticas
28/4/2025
Un fallo reconoce que en cuatro años las jubilaciones perdieron la mitad de su poder adquisitivo
Un robo contra los jubilados, consolidado ahora por Milei.
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Jubilados.
En un nuevo fallo contra el saqueo a los jubilados, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley de movilidad jubilatoria que rigió durante el gobierno de Alberto Fernández, entre 2021 y marzo de 2024, ordenando –en el caso concreto- recalcular los haberes del demandante utilizando la inflación de dicho periodo. El fallo intenta salvar una pérdida del poder adquisitivo del 50,3%, dinero que fue a parar al FMI y una pérdida que Milei consolidó con el actual esquema.
Esta resolución judicial tuvo lugar en la causa Gimenez, Mirta Noemí c/ Anses s/reajustes varios”, la cual aún podría ser apelada por la Anses ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y da cuenta de la dinámica que padecen millones de jubilados sometidos a distintas fórmulas de actualización de haberes, que siempre redundan en una confiscación de sus ingresos.
Entre los fundamentos de los camaristas actuantes se apoyan en el reconocimiento de la actual gestión respecto al carácter confiscatorio de la fórmula que ataba los haberes jubilatorios a la variación de los salarios y la recaudación de impuestos; sin embargo, señalan que el gobierno de Milei no impulsó ninguna compensación, sino que vino a consolidar dicho saqueo.
El fallo de Cámara también ratificó lo dispuesto en primera instancia respecto a los “ajustes discrecionales” efectuados durante el 2020 -con la ley de movilidad de Macri suspendida- que redundó en un ajuste a la baja de los haberes jubilatorios, para los cuales dispuso la aplicación de la ley suspendida.
Según los cálculos de los camaristas en el año 2021 los jubilados obtuvieron un aumento del 52,67% contra el 50,79 de inflación, resultando una leve mejora del 0,82%; para el 2022 la suba fue del 72,45% contra 94,75% de IPC, con una pérdida del 11,6%; en el 2023 los haberes previsionales subieron el 110,95% contra 211,4% de inflación, con una pérdida del 33,5%; y el último periodo hasta marzo del 2024 fue de 27,18% de aumento contra 51,62% de inflación, con una depreciación del 16,1%, totalizando en conjunto un 50,3% de caída.
El fallo expone la naturaleza de un robo continuado contra los jubilados para garantizar los pagos al FMI a costa del sometimiento de millones de adultos mayores a la indigencia.
El gobierno de Javier Milei no solo ha consolidado esta situación sino que continúa con el ajuste con su política de congelamiento del bono, que redunda en el deterioro de un poder adquisitivo que se encuentra por los suelos.
El régimen previsional y los fondos de los jubilados en la Anses han sido la variable de ajuste predilecta de los gobiernos capitalistas para satisfacer las demandas y exigencias del FMI. Con Macri y con Alberto Fernández avanzó el deterioro de los haberes jubilatorios con actualizaciones fraudulentas. Un ajuste que luego fue consolidado y extendido un poco más por Milei.
El gobierno, además, sigue en la misma línea con la eliminación de las moratorias previsionales y el impedimento para que cientos de miles de adultos mayores accedan a su jubilación, en un cuadro donde se alienta el empleo no registrado, con la eliminación de las indemnizaciones por nula o deficientes registración, incorporadas con la sanción reciente de la Ley Bases.
Los distintos gobiernos tuvieron sucesivos fallos contra sus políticas de ajuste previsional, desconociendo y postergando los pagos a los jubilados y violentando la "seguridad jurídica" de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los gobiernos capitalistas quieren convertir al sistema previsional en una “asistencia social” al adulto mayor para quedarse con la caja de los trabajadores y jubilados, al tiempo que el FMI demanda una nueva reforma jubilatoria para adecuar el sistema al ajuste fiscal en marcha.
La jubilación mínima no puede ubicarse debajo de la Canasta del Jubilado que en abril superó los $1.200.000, siendo que actualmente siquiera supera los $300.000. Además debe garantizarse el acceso de todos los trabajadores a la jubilación, impedido por el fraude de las patronales y la política de ajuste del Estado, junto al 82% móvil. Una lucha que defienden sistemáticamente las y los jubilados todos los miércoles en sus concentraciones frente al Congreso de la Nación.
