En la mañana del jueves 26 una importante columna de trabajadores judiciales recorrió las calles del centro mendocino por segundo día consecutivo. Empezando en los Tribunales laborales y de paz, la columna fue recorriendo los distintos edificios donde funcionan las reparticiones del poder judicial a la que se iban sumando los trabajadores por la reapertura de paritarias y la recomposición salarial.

Esta acción viene precedida de importantes asambleas virtuales y paros que han puesto sobre la mesa la problemática salarial y laboral que atraviesan los trabajadores judiciales en la provincia. Mientras trabajadores con más de 10 años de antigüedad no llegan a cubrir la canasta básica, los jueces y equiparados cobran jugosos sueldos que promedian y superan los 550 mil pesos por mes y en varios casos llegan a ser cercanos a los 900 mil pesos.

A principios de 2021 el gobierno de la provincia acordó una paritaria estatal -la conducción de judiciales aceptó luego de dos plebiscitos contradictorios- que no supera el 20%, pero luego reabrió la discusión frente a la inflación aunque terminó cerrando la discusión través de un decreto que depreció los salarios de los trabajadores que ya venían golpeados duramente desde el 2020 donde ni siquiera hubo aumento. De esta manera gran cantidad de judiciales y estatales quedaron por debajo de la línea de la pobreza.

El ajuste de Cornejo y Suárez ha sido un pilar en su política sobre los salarios, con el fin de satisfacer las ganancias de los grandes capitales, y el pago de la deuda usuraria que han adquirido sistemáticamente todos los gobiernos. La reforma laboral y la reducción de trabajadores estatales que reclama ahora Cornejo va en este sentido y los judiciales ya lo vienen sufriendo.

La Suprema orte, que ha garantizado las políticas de ajuste provincial, a través de sus fallos, ha salido al ataque de los trabajadores judiciales planteando descuentos de los días de paro y avalando la persecución de los trabajadores. El actual presidente interino de la SCJ, Dalmiro Garay, acaba de emitir una acordada por la cual pretende regimentar las asambleas a una hora de duración para garantizar el “normal y adecuado funcionamiento del servicio de justicia”. Sin embargo, la justicia no funciona porque han empobrecido y precarizado al máximo los sistemas informáticos y la falsa modernización proceso que lleva 10 años y muestra un rotundo fracaso.

Garay, antes de ser presidente de la Corte, fue ministro de gobierno de Adolfo Cornejo, allí dictó la resolución 129 por la cual limitaba las asambleas de trabajadores a dos horas. Un verdadero ataque al derecho de reunión y huelga. Sin embargo en la práctica de los municipales combativos y antiburocráticos de Guaymallén, un amparo de SITEA logró defender el derecho de huelga, más el enorme proceso de lucha del personal de salud en especial los precarizados y médicos residentes, está medida queda en el ridículo y habla de la impotencia para enfrentar el problema.

Además de ser una verdadera provocación, viniendo de una casta que designa sueldos millonarios y equipara salarios amigos a los de los jueces y ni siquiera cumple horarios.

Es por esto, y con todos los antecedentes que enunciamos que al intento de la Corte de coartar las asambleas, debemos responder con más asambleas. Son horas decisivas para la lucha contra el decreto autoritario de Suarez, la salud vota en plebiscito este viernes una propuesta a la baja del gobierno que ya tuvo el rechazo público de médicos residentes y precarizados

Tenemos que redoblar los esfuerzos para derrotarlo, esto significaría un fuerte golpe a la política de ajuste del gobierno provincial abriendo paso para los reclamos sobre las condiciones de trabajo de los judiciales como la necesidad de un pago por conectividad, la adecuación horaria de la Meed, la necesidad de más personal para no sobrecargar de tareas y el fin a la política de hostigamiento que existe por parte de los funcionarios designados por la corte.

Más que nunca es necesaria la máxima acción solidaria, masiva y unificada de judiciales.