En la tarde del pasado jueves 8 estalló una protesta en la estación Plaza Constitución del Ferrocarril Roca por parte de usuarios cansados de las demoras y cancelaciones de trenes. 

Cientos de pasajeros se concentraron frente a la oficina de auxiliares y manifestaron su indignación, llegando a enfrentar a la Policía Federal para defender a un usuario que fue aprehendido tras saltar un molinete. 

Las causas están más que claras. La reducción del servicio consumada en enero (aproximadamente el 30%) implicó peores condiciones de viaje y más tiempo para sumar a las largas jornadas laborales de los trabajadores que usan el tren cotidianamente. A esto, hay que sumarles los fuertes tarifazos. 

La reciente declaración de emergencia ferroviaria por parte del gobierno nacional tuvo por objetivo hacer alguna inversión para evitar accidentes, como el ocurrido en el ferrocarril San Martín recientemente, pero también disponer los recursos para los retiros “voluntarios” y despidos directos. El plan motosierra incluye el despido de 6 mil ferroviarios en dos etapas. 

Volviendo a los incidentes de este último jueves, los trastornos del servicio se veían agravados por un trabajo a reglamento dispuesto por el gremio La Fraternidad de los conductores de trenes. Una “medida” que no fue debatida en ninguna asamblea ni tenía un objetivo sindical concreto, ya que el propio secretario general Omar Maturano firmó una paritaria a la baja unos días antes, tras lo que descartó un posible paro. 

Las medidas de La Fraternidad tampoco son parte de un plan de lucha contra los planes de privatización del ferrocarril ya que Maturano, como Sasia en la Unión Ferroviaria, han declarado que “no se oponen al ingreso de capital privado” en el sistema ferroviario. Un guiño abierto al retorno de las concesiones (privatización), como en los ’90. 

No es menor el asunto, cuando el propio gobierno nacional anunció miles de despidos de cara a la privatización. La burocracia sindical ferroviaria, como bajo el menemismo, está buscando asociarse a los planes del gobierno y la “patria contratista” para tener su propia “participación” en el negocio. 

El gobierno de Milei, por su parte, puede encontrar favorable este mal funcionamiento de los servicios, que ellos mismos fomentan con los recortes de frecuencia, para justificar sus planes de entrega de los ferrocarriles, incluidas las tierras aledañas a las vías para negocios inmobiliarios.

Por eso denunciamos el rol cómplice de la burocracia sindical con los planes de Milei y exigimos que las medidas de fuerza tengan un objetivo claro en defensa de los ferroviarios. Es necesario un verdadero plan de lucha, discutido y votado en asambleas de ferroviarios, que defienda el salario y las condiciones de trabajo, que rechace la privatización y los despidos, que reclame por inversión y rechace los tarifazos que pagan los trabajadores usuarios.

Los alcances de la crisis económica y política

Para el pueblo trabajador Milei es hambre, desocupación y represión. –

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