La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), a cargo del gobierno nacional, dispuso la creación de un padrón especial para la inscripción de emprendimientos con hasta tres “colaboradores” como “trabajadores autónomos” bajo el régimen del monotributo. Se trata de la formalización de una política de fraude laboral, que habilita a las patronales a evadir reconocer la relación de dependencia y con ella los derechos de los trabajadores a su cargo.

Se trata de la creación del Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores (Padic) para la implementación de la reforma incorporada en la Ley Bases que habilita a las patronales a contratar “cuadrillas” y contratistas sin necesidad de que nadie formalice la relación laboral subyacente.

Esto implica para el trabajador la pérdida de derechos laborales, convencionales e indemnización por eventual despidos, además de que tendrá que hacerse cargo de sus aportes fiscales, previsionales y sociales. Cabe agregar que en materia de cobertura social, el gobierno amplió las potestades de las obras sociales para rechazar monotributistas, bloqueando el acceso a la cobertura médica.

El gobierno sancionó esta medida en defensa de la “modernización y flexibilización laboral”, bajo la premisa falsa de que un trabajo menos regulado –con menos derechos para el trabajador- reactivaría el empleo. Esto no solo se ha constatado falso, sino que la estadística da muestras de que lo que ocurre realmente es un pasaje del trabajo formal al fraude laboral, deteriorando así las condiciones de los trabajadores. Esto se ve en un crecimiento del monotributo a costa del trabajo privado registrado.

La creación del Padic por parte de la nueva Arca implica una garantía adicional para las patronales, temerosas que a pesar de la creación del nuevo régimen y de las modificaciones de la Ley Bases que eliminan la presunción de relación de dependencia, los trabajadores apelen ante la Justicia ante eventuales despidos y/o accidentes laborales, para que se reconozcan los efectos de la relación de dependencia.

Desde el gobierno sostienen que se encuentran avanzando en la instauración de un régimen laboral “más libre”, pero esta libertad solo opera en favor de las patronales. Para el trabajador se suprimen derechos esenciales, como el de afiliación sindical y organización, convenios y acuerdos paritarios –los convenios puede que se apliquen en tanto condiciones mínimas, pero no así acuerdos y actas frecuentes entre los gremios y las patronales- y cualquier contralor frente al despotismo patronal.

También es meritorio señalar el entreguismo de la burocracia sindical que consensuó estas reformas con el gobierno, particularmente en el casos de la construcción donde proliferan estas formas precarias de contratación, que se extienden a otras industrias bajo la dinámica de cuadrillas de trabajo.

Esta reforma antiobrera habilita a que las medianas y grande patronales establezcan acuerdos y convenios con cuadrillas descentralizadas bajo la modalidad señalada, extendiendo la precarización laboral en toda la línea. Algo totalmente aplicable para el caso de las distribuidoras eléctricas, lo cual incluso amenaza con deteriorar aún más la calidad de un servicio absolutamente deficiente, a falta de centralización e inversión.

El gobierno de Javier Milei allana el terreno para que los capitalistas recompongan sus negocios sobre la base de una mayor precarización y flexibilización del empleo, destruyendo conquistas obreras y empujando a millones de trabajadores a la pobreza y la indigencia.

Hay que derrotar esta ofensiva antiobrera con la movilización popular y los métodos históricos de lucha de la clase obrera para que se vaya Milei y sus colaboradores.

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