La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación acaba de dar dictamen favorable al proyecto oficialista para una nueva moratoria previsional. Según los informes publicados beneficiaría a 742.000 personas sobre los dos millones que teniendo la edad no han accedido al beneficio.

Esta enorme cantidad de personas carentes de los derechos previsionales es la consecuencia directa de una ley jubilatoria infame que exige 30 años de aportes en blanco al momento de jubilarse lo que es una cuestión imposible de cumplir por la existencia del trabajo precario y en negro que se impuso en el país en forma masiva especialmente desde las privatizaciones y la reforma antilaboral de Menem.

La moratoria vigente caduca el 23 de julio del 2022 y rige solo para mujeres. La que involucraba a los hombres no está vigente.

Las moratorias vienen siendo una práctica “normal” ante la proliferación del empleo informal, lo que es incontrastable en las cifras actuales donde de los 8,3 millones de jubilados y pensionados, solo 3 millones corresponden a trabajadores que reunieron 30 o más años de aportes. El resto, unos 5 millones, entraron al régimen previsional por moratoria, Puam o pensiones no contributivas (Ámbito, 18/02).

Como en las anteriores moratorias, el nuevo proyecto presentado por el sector k del FdeT, con autoría de Recalde y Fernández Sagasti, plantea que rige olo para los trabajadores con aportes registrados, y establece la obligación del nuevo jubilado de “comprar” los años faltantes para completar los 30 a través de cuotas, incluyendo a mujeres de 55 a 59 años y varones de 55 a 64 que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios que se inscriban para adelantar cuotas.

A todas luces, es el propio trabajador el que pone los aportes, a las patronales negreras, a los que se enriquecen con el trabajo precario no se les obliga a aportar ni un peso.

Deja afuera a 1.200.000 adultos mayores que irán a parar (si pueden demostrar que viven en la más absoluta pobreza), a la ultramiserable Puam, inventada por Macri y vigente hasta la fecha, que equivale al 80% de la mínima, no da derecho a pensión en caso de fallecimiento y es un paso creciente en la política de ir transformando las jubilaciones en un bono asistencial a la vejez, que comienza y termina con el beneficiario .

Las cifras informadas por el propio oficialismo de que hay 1 de cada diez varones y 3 de cada 10 mujeres que no podrían jubilarse es verdaderamente alarmante.

EL FMI mete la cuchara

La limitada moratoria presentada por el kirchnerismo acaba de ser objetada por la misión del FMI. Mientras mostraban su beneplácito por los resultados del ajuste en marcha, dan una vuelta de tuerca.

Exigen bajar el gasto para el trimestre en curso específicamente en jubilaciones del 8,5% del PBI al 8,1% “para compensar el mayor gasto en energía”.

El FMI señala que se “debe iniciar el trabajo en la preparación de opciones de reforma para fortalecer de forma duradera la equidad y la sostenibilidad del sistema jubilatorio” (Ámbito, 26/06).

El FMI mantiene su empeño de reforma jubilatoria que implica aumento de la edad, la alteración de la movilidad aún más a la baja y un bono asistencial al adulto mayor, separado de toda idea de sueldo diferido, ligado al sueldo en actividad. No entra en sus planes moratoria de ningún tipo.

Ante esta ofensiva del FMI contra los jubilados, Cristina y el resto del gobierno, la CGT y la CTA no han abierto la boca.

Organizar la lucha de los adultos mayores

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados se plantea avanzar con la organización pensionados y adultos mayores empadronando en barrios, entre los desocupados y en mesas de agitación.

Por asambleas que pongan en pie la continuidad del plan de lucha, con jornadas nacionales sobre Pami y sobre Anses y preparando acciones sobre los centros de poder nacional y provinciales.

Impulsamos una moratoria universal, sin pago de cuotas de ningún tipo para todos los que tengan la edad jubilatoria, con o sin aportes registrados. Defendemos que todo trabajador, sea en blanco o en negro aporta con su trabajo, con su consumo y con sus impuestos a la obtención de ganancias al conjunto de las patronales.

Planteamos la movilidad automática, acorde a la inflación y a los sueldos, el 82%, una mínima de $100.000, la incorporación de la Puam al régimen de jubilación ordinaria con todos los derechos y haberes correspondientes y la universalización del programa alimentario Pami.

Para garantizar el conjunto de los derechos jubilatorios para los actuales adultos mayores y para los futuros hay que impedir el vaciamiento de la Anses y de las cajas provinciales, estableciendo el uso exclusivo de los fondos para los beneficiarios, restableciendo los aportes patronales, devolviendo los fondos utilizados para el pago de la deuda externa, para el subsidio a las patronales y para el salvataje de los bonos del gobierno nacional y los provinciales.

La dirección de la Anses, del Pami y de las cajas y obras sociales provinciales debe estar compuesta y debe ser elegida por trabajadores y jubilados.

El paro nacional y el plan de lucha que se le plantean a la CGT y la CTA son medidas necesarias en las que los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados intervendremos en forma colectiva contra el ajuste en marcha, enfrentando al gobierno, a la oposición patronal y al FMI.

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