El trabajador fallecido por el virus venía asistiendo al trabajo a pesar de tener más de 60 años, cuando debía estar licenciado por integrar el grupo de riesgo. El contagio se produjo en planta, según relatan los trabajadores, y en apenas 48hs el compañero perdió la vida.

Esto se da en momentos en que la empresa está presionando fuertemente a los trabajadores licenciados por integrar el grupo de riesgo que ya hayan sido vacunados para que retomen tareas en planta. Se apoyan en el decreto que sacó el gobierno en ese sentido, aunque luego un segundo decreto postergó esa resolución hasta el 31 de abril. La empresa se aprovecha de las improvisaciones del gobierno, en el marco de una segunda ola donde arrecian los contagios y las muertes, para imponer el miedo a represalias entre el personal de riesgo que debe seguir licenciado.

La patronal de Cattorini-Rigolleau se dedicó a tomar personal tercerizado para “reemplazar” a los licenciados y achicar los “costos” laborales; ahora aprieta para que retornen los trabajadores licenciados para ahorrar aún más esos “costos” a pesar que la empresa tiene facturación en ascenso, y se expresa en que ranquea como la segunda empresa cuyas acciones tuvieron mayor alza en 2020 (+121%) entre las que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La sed de ganancias de la patronal se lleva la salud, incluso la vida de los trabajadores.

La fábrica de productos de vidrio ubicada en San Francisco Solano, Quilmes, se ha destacado desde el comienzo de la pandemia por avasallar los derechos de los trabajadores en relación a la pandemia, sin tomar medidas elementales como la instalación de alcohol en cada sector y cabinas sanitizantes, cosa que modificó luego de una gran cantidad de operarios contagiados y de denuncias de los trabajadores que reflejamos en Prensa Obrera, así como aprietes patronales a los trabajadores para que asistan al trabajo, bajo amenaza de reducción salarial o despido, que alcanzaron a obreros de más de 60 años y otros que presentan factores de riesgo. Incluso se llegó a convocar trabajadores con síntomas. El municipio que lidera la camporista Mayra Mendoza, salvo alguna “inspección”, deja vía libre para que esta patronal desprecie la salud de los trabajadores y sus familias.

El sindicato (Soiva, de la Industria del Vidrio y Afines), por su parte, está completamente borrado. Nunca intentó elaborar un protocolo obrero, ni  reclamar seriamente por medidas sanitarias. Frente a la pérdida de un compañero que debió estar licenciado no ha pronunciado palabra, mientras deja correr los aprietes patronales para que retomen tareas los trabajadores que son grupo de riesgo. Han intentado ocultar las responsabilidades que tiene la empresa, en primer lugar por la muerte del compañero.

La libertad patronal para despreciar la vida de los trabajadores en Cattorini implica responsabilidad del Estado, y la complicidad de la burocracia sindical.

Es necesario un protocolo obrero que priorice la salud de los compañeros, que esté bajo control de un comité de salud e higiene elegido por la base; que se licencien a todos los contactos estrechos de casos confirmados y sospechosos; que se garantice el 100% del salario; que se respete el licenciamiento de los trabajadores que son grupo de riesgo.

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