La agrupación municipal 29 de Mayo Mariano Ferreyra en la lista Fucsia debatió la situación política y sindical y estableció resoluciones de cara a la negociación paritaria que se abre hacia adelante. El Ejecutivo municipal sostiene una mesa de negociación con el gremio Suoem mientras mantiene su política de vaciamiento y ataque a los derechos laborales; por esa razón, la deliberación de los trabajadores recorre las diferentes reparticiones y plantea un escenario convulsivo. Recorremos algunas de las cuestiones que se plantearon en el plenario.

En el sector de alumbrado (Áreas Operativas), los trabajadores plantean el malestar existente por la falta de insumos, de mantenimiento de la flota de camiones, de vestimenta adecuada y de personal, reducido en un 75% por licencias Covid-19. Son quienes sufren la mayor reducción salarial: sin horas extras, bonificaciones ni prolongaciones y con una hora menos de jornada laboral; los salarios han bajado casi un 50% – aún sin considerar la pérdida de poder adquisitivo por inflación.

Los funcionarios han señalado que hay una decisión política de dividir el mantenimiento de la ciudad en sectores y adjudicar obras a contratistas por medio de licitaciones, excluyendo al personal operativo municipal, que quedaría relegado al mantenimiento de escuelas, dispensarios y plazas públicas. La vigencia de la ordenanza 12.991 habilita la contratación directa, abriendo la puerta para la sobrefacturación (sin control de precios) y profundizando el desguace de las áreas operativas que ya había iniciado la gestión anterior. La participación de servidores urbanos precarizados en reemplazo de trabajadores bajo convenio muestra el alcance operativo del proyecto de crear una municipalidad paralela. Los trabajadores denuncian que tras la escasa provisión de material se esconden negocios, ya que los materiales que deberían proveerse a las reparticiones están varados en depósitos de empresas de transporte sin que lleguen a destino. El vaciamiento de la repartición no es nuevo: fue preparado desde la creación del ente autárquico Esop (Ente de Obras y Servicios Públicos).

A través de un comunicado de prensa, se conoció que los trabajadores de salud se encuentran en estado de alerta y movilización por la crisis profesional y material: faltan trabajadores y se precariza la cobertura laboral en el sector; faltan insumos, medicamentos, equipos de protección personal, tanto en calidad como en cantidad, lo que favorece el contagio entre los propios trabajadores. La obsolescencia de la aparatología, así como la falta de mantenimiento genera la restricción de servicios. Frente a la necesidad de establecer aislamientos preventivos, se otorgan las licencias sanitarias, avasallando derechos laborales.

El reclamo de los trabajadores muestra que el servicio de salud municipal es indispensable para los vecinos de la ciudad y su crisis afecta directamente el acceso a la salud pública. El servicio del 107 (Dirección de Emergencias Médicas) está colapsado y sus móviles son utilizados para el traslado de pacientes desde el interior provincial. Si bien en su gran mayoría el servicio no fue afectado por el recorte salarial, el ingreso de trabajadores tanto para el área de comunicación como personal médico y paramédico bajo la figura del monotributo. La provincialización del sistema de salud avanza a través de la contratación por fuera de convenio con salarios a la baja que incluyen cifras no remunerativas.

Las áreas administrativas exhiben un panorama similar: los trabajadores y delegados denuncian que la gestión pretende trasladar el Registro Civil desde el edificio propiedad de la municipalidad a uno alquilado, sin condiciones edilicias adecuadas para la accesibilidad, habilitando una enorme sangría a los recursos municipales que podría invertirse en la modernización del propio Registro Civil.

En Educación, las autoridades publicitan acciones en las redes sin garantizar el derecho de los y las estudiantes a recibir educación pública, hecho evidente en la baja conexión que se advierte en cada una de las escuelas municipales. El reclamo por actos públicos para garantizar la cobertura de los cargos de jornada extendida ha logrado instalar el tema en la agenda de los funcionarios. Las autoconvocatorias de docentes alrededor del palacio municipal, inauguradas como contrafestejo a la iniciativa del secretario de educación por el día del maestro reclaman reapertura de paritarias, la restitución de la séptima hora para auxiliares y administrativos y conectividad para estudiantes y docentes.

En Ambiente, la reciente sanción del ente Biocórdoba genera un alerta entre los trabajadores, ya que se han incorporado guardaparques lo hacen bajo figuras ligadas al voluntariado o becarios, sin estabilidad laboral ni salario.

En cada repartición, el debate plantea la necesidad de la convocatoria a asambleas y la elaboración de mandatos para establecer un plan de lucha de conjunto que permita recuperar el salario de manera integral: el blanqueo de todos los ítems en negro –incluyendo el refrigerio-, la restitución de la séptima hora y la recomposición del poder adquisitivo tras una inflación -que marca de enero a agosto el 19%- y se proyecta en un 40% para todo el año.

Defendamos nuestro salario y el estatuto municipal frente a una gestión que vino a profundizar la precarización laboral y contrataciones por fuera del convenio. Exigimos que se cumplan con los protocolos de bioseguridad y se garanticen condiciones laborales que permitan dar continuidad a los servicios municipales de calidad. Exigimos la derogación de la ley 10.694 y la restitución de los aportes y contribuciones que se adeudan a la Caja y a los trabajadores a los que recortaron sus haberes previsionales. Vamos por un plan de lucha que defienda el salario y unifique todos los reclamos de los municipales.