Generó un gran revuelo el ingreso, en la Cámara de Diputados de la Legislatura Bonaerense, de un proyecto con media sanción del Senado firmado por Omar Plaini de la CGT, que plantea la conformación de un registro estatal de los empleados de las plataformas de apps como Pedidos Ya, Rappi, Uber y otras que han cobrado una enorme dimensión en los últimos años. Estas aplicaciones permiten a las patronales reducir los planteles fijos dedicados a estas tareas (en flotas de reparto de restaurantes o remiserías), mientras se escudan en una contratación “eventual” de “trabajadores autónomos” para evitar pagar las condiciones laborales legales conquistadas por más de un siglo de pelea de los trabajadores argentinos: vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, obra social, estabilidad laboral. La precariedad ha servido para perseguir a los activistas que han impulsado paros y procesos de lucha por salario y condiciones laborales, que pueden ser bloqueados como usuarios de las apps sin cursar trámite de despido alguno. Esto no ha impedido el progreso de procesos de organización como el que impulsa la Agrupación de Trabajadores de Reparto -ATR.

El mencionado proyecto oficialista es un aborto desde todo punto de vista. No avanza en el reconocimiento de ninguno de los derechos laborales de los que carecen los trabajadores del rubro. Instala un trámite obligatorio de registro anual cuyas condiciones no establece, dejándolas en manos del ejecutivo. No dice, por ejemplo, si sería gratuito o pago, o si pueden sumarse nuevas condiciones para trabajar en el rubro. El registro instituido en CABA, por ejemplo, exige tener domicilio en esa ciudad, lo que excluye a muchos que estaban trabajando allí. La única mención expresa que hace a un rubro de importancia, la ART, deja el pago en manos de los trabajadores. Son claras, entonces, las razones del rechazo que se difundió en grupos de WhatsApp y organizaciones de repartidores. No da ningún beneficio, mientras plantea la posibilidad de nuevos escollos y obligaciones, que pueden estar dificultando la continuidad del trabajo que realizan.

Las patronales del rubro se oponen también al proyecto, aunque por otras razones. El registro dejaría una constancia formal de quienes trabajan regularmente para las empresas. Esto potencialmente habilite demandas judiciales o nuevos planteos de regulaciones legales que se apoyen en ese padrón. Mientras para un trabajador precarizado iniciar un juicio laboral y quedar bloqueado del trabajo es una apuesta muy riesgosa, para las empresas es un flanco que prefieren no dejar abierto.

La oposición patronal realizó una campaña con la amenaza de que las empresas podrían irse de la provincia si se aprueba el registro, para forzar a una definición a los trabajadores en función de “defender” su relación laboral precarizada. Un diputado vinculado a Javier Milei, Nahuel Sotelo, fue el principal vocero de la oposición patronal al proyecto, y articuló con un grupo de repartidores que vinieron a expresar su oposición, más o menos alineados con la campaña que sostenía que el proyecto significaría el retiro de las empresas. La presencia de los trabajadores contaba con el “aval” de los empresarios, como explicaron los organizadores en grupos de trabajadores.

La idea de que el rubro de viajes y pedidos articulados por apps electrónicas dejaría de existir es una fantasía. Se trata solo de una extorsión. Uber y sus colegas lanzan esa amenaza en cada jurisdicción donde enfrentan un intento de regulación.

Cabe, sin embargo, detenerse en un punto. ¿Por qué un grupo de trabajadores súper precarizados se movilizan en defensa de las condiciones laborales existentes y en defensa de sus patrones? Esta pregunta debe hacerse, porque, aunque la concurrencia en la Legislatura no fue masiva (unos 40 repartidores) y no están representadas todas las tendencias de organización sindical en el rubro, tampoco puede negarse que la defensa de la relación “autónoma” exprese el punto de vista de parte de los trabajadores.

Frente a la crisis económica extrema, la posibilidad de arañar una canasta básica trabajando largas horas todos los días de semana aparece como una realidad a defender. Cabría para estos trabajadores la reivindicación de aferrarse a las posibilidades de una autoexplotación extrema como forma de supervivencia. El proyecto peronista es tan negativo que no ha ofrecido un canal para mejorar la situación de los precarizados, sino que ha llevado a algunos de ellos a hacer un bloque con los precarizadores.

La única posibilidad de contrarrestar ese verdadero “salvese quien pueda” es mediante un avance en la organización colectiva y la lucha por la equiparación de los trabajadores de apps con los derechos históricos de la clase obrera. Vamos por la estabilidad laboral, por garantía salarial, por un régimen de licencias y vacaciones.

El tratamiento en comisiones fue suspendido, y se planteó que se iba a armar un mecanismo de discusión para los trabajadores. Desde la banca del Partido Obrero en el FIT-U y la Agrupación de Trabajadores de Reparto estamos preparando un proyecto propio en la provincia, con todas las reivindicaciones obreras, como el que fue presentado por Romina Del Plá en el Congreso Nacional. Reclamaremos un debate abierto, donde tengan lugar las tendencias combativas de los repartidores y se discuta cómo poner fin a la precarización laboral y la superexplotación, partiendo de garantizar la continuidad laboral.

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