19/11/202613 min lect.

“Ni envenenadxs ni perseguidxs”: una exitosa audiencia pública contra la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio

Basta de persecución y en defensa de la salud de la ciudadanía.

El pasado viernes 13 de noviembre se realizó una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, convocada por la diputada del Partido Obrero (FIT-U), Romina Del Plá, para reclamar la reincorporación de la Dra. Virginia Aparicio y exigir respuestas frente a la interrupción del proyecto internacional Sprint y el silenciamiento de sus resultados, tanto por parte del gobierno anterior de Alberto Fernández como del actual, de Javier Milei. Esta actividad estuvo precedida por múltiples jornadas de lucha que se multiplicaron durante el avance del proceso sumarial de exoneración. Entre ellas, se realizaron conferencias de prensa y movilizaciones el 4 de noviembre en 15 ciudades del país, bajo la consigna “Ni envenenadxs ni perseguidxs”, en repudio a la persecución de Virginia y en defensa de la salud de la ciudadanía.

La Sala 2 del Anexo C, donde se realizó la audiencia, estuvo colmada de trabajadores del sistema científico, de la salud y de la educación, organizaciones socioambientales y territoriales, productores agroecológicos, representantes gremiales (AGD-UBA, JI ATE Garrahan, Multisectorial Inti, Apinta, JI ATE Conicet CABA, Sindicato de Docentes e Investigadores de la Unsam) y comunidades afectadas por las fumigaciones. El éxito de la convocatoria expresó el carácter colectivo que viene adquiriendo esta lucha: el despido de Virginia no es un problema individual, sino un ataque al derecho a investigar, a producir conocimiento, al medio ambiente y a que la población acceda a información fundamental para proteger su salud.

En su intervención inicial, la Dra. Virginia Aparicio agradeció a quienes vienen sosteniendo esta pelea desde sus comienzos. La prestigiosa investigadora del Inta y del Conicet expresó: “Quiero agradecer a la diputada Romina Del Plá por acompañar a los voluntarios desde 2023 y por convocar a esta audiencia pública (…) a los legisladores que impulsaron proyectos de declaración, a los medios periodísticos por dar difusión, a la Naranja Ciencia y Técnica y a Apinta por su apoyo cotidiano desde el momento inicial de esta situación y a las personas, organizaciones e instituciones académicas, científicas y gremiales que han expresado su solidaridad. ¡Muchas gracias!”.

Este reconocimiento de Virginia a la Naranja Ciencia y Técnica es el resultado del compromiso que venimos sosteniendo en la lucha contra el sumario y, finalmente, la exoneración. La agrupación ha impulsado en todo el país conferencias de prensa y charlas, así como asambleas y espacios de coordinación entre trabajadores, voluntarios del proyecto, activistas socioambientales y sectores afectados. El objetivo de conjunto es frenar la persecución y el silenciamiento de quienes desarrollamos una ciencia que incomoda a los intereses económicos del capital, y garantizar el derecho de las comunidades a conocer los resultados de investigaciones que comprometen directamente su salud o cualquier otro derecho.

Como quedó expuesto durante la audiencia, el caso de Virginia tiene un antecedente emblemático en la persecución y el hostigamiento que padeció el Dr. Andrés Carrasco. Estos casos buscan aleccionar a quienes investigan temas que incomodan porque denuncian las consecuencias de un modelo productivo que avanza sobre los territorios, los bienes comunes y los propios cuerpos de la población trabajadora. No se trata solamente de censurar a una investigadora: se trata de disciplinar al conjunto de quienes hacemos ciencia y ponemos el conocimiento al servicio de las necesidades sociales.

Contundentes testimonios: “el Estado y el capital del agronegocio son responsables de la persecución y la censura”

Las intervenciones realizadas se destacaron por su contundencia en la denuncia contra los gobiernos de turno que amparan al agronegocio contaminante. A su turno, la Dra. Cecilia Gargano (Conicet-Unsam), historiadora que ha estudiado las agendas de investigación del Inta durante la última dictadura genocida, expresó: “Es inédita la figura de exoneración en el Inta y en los demás organismos de ciencia y técnica, incluso en la dictadura”. A su vez, remarcó que “no puede haber una defensa de los derechos humanos que divorcie lo que sucede en nuestro presente, que le dé la espalda a las poblaciones que hace años padecen este modelo de muerte y saqueo”. En el cierre de su intervención, la Dra. Gargano destacó que, a raíz de una entrevista realizada a la Dra. Virginia Aparicio en el año 2020, pudo dar cuenta de que la persecución hacia su trabajo había comenzado antes del proyecto Sprint. El motivo fue que Virginia venía contribuyendo con poblaciones afectadas por los agrotóxicos desde su experticia, y esa participación incomodó a las diferentes direcciones del Inta. Sobre esto declaró que “en las reuniones del consejo directivo no se la presentaba con su nombre y apellido, se decía: Acá llegó la tirabomba”.

Por su parte, la reconocida científica Dra. Alicia Massarini, quien forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL), hizo referencia a su fallecido esposo, el Dr. Andrés Carrasco. Este valioso trabajador del sector, como Virginia, fue perseguido por el lobby político y económico que rodea al agronegocio. Sobre su figura señaló que “en el año 2009, Andrés Carrasco daba a conocer los resultados de sus experimentos que demostraban que el glifosato producía malformaciones muy similares a las que aparecían en bebés nacidos en poblaciones fumigadas. Por ello, fue perseguido y hostigado por autoridades y corporaciones. Y aunque su trabajo fue publicado en una revista internacional de primer nivel, el hostigamiento de la campaña de desprestigio nunca cesó. Más tarde, Daniel Marino, de la Universidad de La Plata, demostraba las derivas de los agrotóxicos, que los vientos y los cursos de agua llevan a todos los rincones de nuestros territorios y a nuestro cuerpo, que es justamente lo que está demostrando Virginia”.

Un testimonio importante fue el del ingeniero, antropólogo y productor agropecuario Esteban González, quien forma parte de los voluntarios muestreados para el proyecto Sprint. Su intervención fue clarificadora respecto de la vida y el trabajo en el campo cuando se utilizan agrotóxicos. Además, destacó el profesionalismo de la Dra. Virginia Aparicio en los protocolos aplicados durante el estudio. Al respecto, señaló que participó como voluntario porque “mucho antes de que apareciera el proyecto, venía preocupado por los posibles impactos de los agroquímicos sobre el ambiente y sobre las personas que trabajamos en el campo”. Comentó que “en el 2013, decidí hacer la transición hacia un modelo productivo agroecológico, así que dejamos de aplicar agroquímicos en nuestro campo. Entonces, cuando apareció la propuesta de este estudio, me interesó y decidí participar, y también que nuestro campo participara”. Sobre la experiencia afirmó que “cuando fue el momento de la toma de muestras, vino la Dra. Aparicio con técnicos del Inta y me impresionó lo bien que fue hecho todo ese muestreo. Las muestras agronómicas las hicieron técnicos del Inta que acompañaban a Virginia, y las nuestras, de carácter humano, como nuestra sangre, las tomaron con personal de salud, así que venía un enfermero que tomaba las muestras. Se siguió un protocolo que era el que usaron en todo el mundo”.

Otra destacada voz fue la de la Dra. Ana Vélez Rueda (Conicet-Unqui), quien inició la campaña “Todxs por Virginia”, integrante de la Naranja Ciencia y Técnica y candidata a secretaria de Derechos Humanos para las elecciones de la Junta Interna de ATE Conicet de CABA por la Lista Púrpura. Nuestra compañera de agrupación expresó que “la exoneración de Virginia es la muestra de que detrás de su persecución está el lobby sojero, la mesa de enlace del campo, las grandes industrias agroquímicas que fueron legitimadas por todos los gobiernos y que hoy tienen una silla en las direcciones y consejos de los organismos de ciencia y técnica”. Agregó que “no se necesitó una junta militar para esta censura. Bastaron las manos ejecutivas de los burócratas de turno, el silencio cómplice de las centrales sindicales y algún que otro leguleyo que prestó sus saberes para armar la jaula jurídica donde pretenden aprisionar a cualquiera que incomode”.

También participó, por la Naranja Ciencia y Técnica de Mar del Plata, el Dr. Facundo Hernández (Conicet-UNMdP), quien recordó y homenajeó al trabajador rural y activista Fabián Tomasi, fallecido en 2018 a causa de una polineuropatía tóxica severa, producto de la exposición a sustancias tóxicas durante sus tareas laborales. Sobre él señaló que “su cuerpo y voz son la expresión cabal de la tragedia agrotóxica que estamos viviendo y de la lucha contra el modelo de producción del agronegocio”. Al final de su intervención, concluyó que lo que estábamos presenciando era un ataque a los derechos democráticos más elementales y que “la lucha por Virginia es la defensa de todo el sistema científico, de las universidades públicas y de los derechos de la clase trabajadora”. Para cerrar, se pronunció por la profundización de la organización, ya que “frente a este ataque necesitamos la unidad de las luchas. Y si agotamos todas las instancias, entonces surgirá la necesidad de una huelga general, porque los científicos somos trabajadores y tenemos nuestro legítimo derecho a defendernos como tales”.

Por su parte, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, planteó que la lucha por la universidad y la ciencia pública “tiene que golpear como un solo puño, porque el ataque que este Gobierno está llevando adelante contra las universidades nacionales, que son los primeros espacios donde se forman los científicos, es brutal”. Asimismo, comentó que AGD-UBA, como parte de la campaña “Todxs por Virginia”, participó del 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, realizado en Córdoba, llevando a las distintas comisiones el petitorio para reunir firmas contra la exoneración de Virginia. La compañera destacó que “fue muy bien recibido y trajimos miles de firmas para aportar a esa campaña. Lamentablemente, después llegamos acá y al poco tiempo nos enteramos de que a Virginia la habían exonerado. Por lo tanto, decidimos reforzar nuestra actividad como parte de esa campaña”.

También intervino, como parte de los sectores sindicales combativos y antiburocráticos, el secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, quien señaló que “a los trabajadores de la salud nos interpela esta situación porque es un atropello gravísimo. Nos irrita que busquen eufemismos en nombre de la ética científica quienes forman parte de un movimiento político que tiene antivacunas, terraplanistas y enemigos declarados de la salud pública y de los criterios científicos más básicos”. A su vez, agregó que “como trabajadores de la salud tenemos que ser parte de esta lucha (…) Sumarse al esclarecimiento de los daños a la salud y al ambiente que implica el uso de estos tóxicos. Esto se extiende al sistema de salud en su conjunto, pero no por culpa de sus trabajadores y trabajadoras, sino por algo que irradia de arriba hacia abajo y que hay que combatir, que es el interés social capitalista (…) La defensa de la ciencia independiente y de la salud del pueblo tiene que ser una lucha contra el capitalismo y sus representantes”.

En las palabras finales de la audiencia, la Dra. Virginia Aparicio expuso sobre la polémica en torno a por qué Argentina se retiró de un día para el otro del Sprint, destacando que “no cumplir los compromisos que estaban claros desde el principio es un problema (…) porque en cualquier convenio uno se puede retirar, pero debe tener una justificación”. La propia coordinadora general del proyecto internacional Sprint, la Dra. Violette Geissen (Universidad de Wageningen, Países Bajos), destacó por Webex, al comienzo de la audiencia, que nunca hubo una justificación clara por parte del Estado argentino para retirarse del proyecto. Virginia resaltó en su intervención final que “somos producto de la universidad pública y hacemos nuestro trabajo como corresponde (…) y por el grupo de personas que trabajaron conmigo en el Sprint, doy mi credibilidad. Ahora, si estamos hablando de una institución (Inta) donde hay, como bien señalaron los compañeros de Apinta, un conflicto de intereses, ahí hay que sacar conclusiones propias”.

En el cierre de la audiencia, la diputada Romina del Plá señaló que “los representantes directos del gran capital se sientan acá (en el Congreso) para justificar los ajustes contra la población, el sometimiento y la entrega del país, asistidos por los instrumentos del Estado capitalista para imponernos desde la reforma laboral hasta la modificación de la Ley de Glaciares”. Por tal motivo, destacó la importancia de ocupar el espacio parlamentario a través de la banca del Partido Obrero en el FIT-U para contribuir a una causa justa y realizar una denuncia lapidaria contra el poder del agronegocio, que justifica los desmontes, el avance sobre los humedales, los glaciares y el área periglaciar, y también sobre los derechos laborales. Remarcó que “es muy importante que nos coloquemos en el terreno de la organización para ponerle un freno al gobierno de Milei y que esta banca haya servido para poner esta lucha contra la exoneración de Virginia Aparicio en el centro de la escena y, en definitiva, para poner de relieve que la investigación que llevó adelante…”. Cerró su intervención subrayando que “vamos a lograr que a Virginia la reincorpore el Inta y vamos a lograr que el derecho a investigar sea moneda corriente en nuestro país”.

El director del Inta, Bronzovich, salió con una torpe defensa

La difusión en todo el país de la campaña “Todxs por Virginia” y la presión que generó en las autoridades la audiencia pública en el Congreso llevaron a que, el día anterior, Nicolás Bronzovich, director del Inta vinculado a la Sociedad Rural, saliera a redoblar los ataques y las difamaciones contra nuestra compañera. Con una caterva de falsedades, su torpe reacción contrasta con el silencio que mantiene frente a las preguntas que debería responder sobre la situación del organismo y su responsabilidad en el caso.

Bronzovich, empresario vinculado al agronegocio, viene encabezando uno de los ajustes más brutales que ha enfrentado el Inta: miles de despidos directos e indirectos, recortes presupuestarios y cuestionamientos por nombramientos sin concurso que todavía debe explicar. Sin embargo, evita dar respuestas sobre cuestiones fundamentales. Se ha negado a explicar la salida del Inta del proyecto Sprint, a responder los reclamos de sus voluntarios y a informar qué medidas tomó el organismo, junto con el Ministerio de Salud, para evaluar las consecuencias sanitarias de los hallazgos de la investigación.

Lo que la conducción del Inta intenta ocultar es que tanto los trabajadores rurales como la población en general están expuestos a un verdadero experimento a cielo abierto y sin control: un cóctel de agroquímicos cuyos efectos individuales sobre la salud humana y ambiental son motivo de preocupación, mientras todavía falta profundizar el conocimiento sobre los riesgos de las exposiciones combinadas. Por eso, Bronzovich intenta correr el eje de la discusión. Pero las preguntas centrales siguen sin respuesta: ¿por qué el Inta no asume su responsabilidad institucional de publicar los resultados del proyecto? ¿Por qué se le prohibió a la investigadora informar a los voluntarios, tal como estaba previsto? ¿Por qué Argentina se retiró del proyecto incumpliendo los compromisos asumidos, incluso después de haber recibido fondos para ejecutarlo? Y, fundamentalmente, ¿quién garantiza a la población que vive en estos territorios el derecho a un ambiente saludable y que la ciencia pública podrá seguir investigando y dando respuestas a problemas que las autoridades se niegan a abordar?

El plan de lucha no concluyó en el Congreso: es apenas una instancia más. Vamos a redoblar las iniciativas para conquistar los derechos que han sido violados.

¡Por la reincorporación inmediata de Virginia Aparicio! Por el reconocimiento institucional de los resultados del Sprint. Por el derecho a investigar. No al ajuste y desmantelamiento en ciencia y tecnología.

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