Sindicales
21/8/2026
JUDICIALES
No al traspaso de la justicia nacional laboral y penal
Necesitamos una asamblea general del gremio y un plan de lucha para enfrentarlo.
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El nuevo intento de traspaso de la justicia nacional penal a la Ciudad de Buenos Aires plantea una alerta entre los trabajadores judiciales. Como ya ocurrió con el fuero laboral, la intención de avanzar sin un plan serio sobre el presupuesto ni una respuesta concreta sobre el destino de los trabajadores despierta la preocupación de todo el Poder Judicial. La última novedad es que ya salió el acuerdo de la Cámara en relación al traspaso y desguace del fuero, en donde dice explícitamente que no existe plan sobre el destino de aproximadamente 400 trabajadores del fuero, ya que "(…) en esta jurisdicción existen siete Juzgados Nacionales de Menores, con tres secretarías cada uno (…)" (Inciso II, Acuerdo de traspaso).
En definitiva, en un esquema donde la justicia porteña tiene una estructura más reducida, el interrogante inmediato es qué pasará con los trabajadores si se efectiviza el proceso que impulsa el gobierno de Milei.
Alcances de la medida
El planteo de transferencia alcanzaría competencias penales sensibles, entre ellas delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad intelectual, entre otras. Pero el problema de fondo que aparece en discusión es la reorganización de juzgados y oficinas con un impacto directo sobre quienes hoy sostienen el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
El antecedente con la justicia laboral da cuenta de que la intención es solo transferir competencias, lo que no se replica en un planteo automático de los juzgados, estructuras ni de los puestos, por lo que promueven que una vez que se termine de tramitar las causas dejará de ser necesaria su existencia. Ahora se especula con que durante este mes se aprobaría una ley en la Legislatura para vehiculizar su implementación, que se rumorea para febrero de 2027. La justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está "espejada" con ese esquema, pero afirman que la intención no es abrir la misma cantidad en CABA (Infobae, 26/7).
El telón de fondo de esta avanzada no puede desligarse de la dinámica política que ha tomado la disputa por el control de la justicia. A 5 meses de la consagración de Mahiques como ministro de Justicia, la orientación es clara: un copamiento de este sector, con mucho poder en la justicia de CABA. Así como el traspaso de laboral se desarrolla en sintonía con la reforma laboral esclavista que pudo aprobar el gobierno con la complicidad de todos los bloques, el de penal puede entenderse como un reforzamiento de la política punitiva y represiva que impulsa el gobierno porteño. Basta ver los eslóganes de campaña que decoran las calles porteñas con referencias a la mano dura o "la ley y el orden".
El mismo nivel de incertidumbre se replica en otros organismos: aparecen rumores sobre una posible reducción de la estructura de Comodoro Py y Casación Penal. Sucede también con los Ministerios Públicos, donde el traspaso golpearía áreas que trabajan con casos de CABA sin un plan de reorganización de las tareas de los trabajadores implicados.
A esto se suma el desgaste salarial que se viene atravesando. Mientras los aumentos aparecen mucho tiempo después, ahorcando a las familias para llegar a fin de mes, no llegan a equiparar la pérdida del 20,5% que se arrastra desde que comenzó este gobierno. Mientras la situación salarial asfixia, las condiciones generales no son mejores. Para el caso del Ministerio Público Fiscal, la implementación del acusatorio en distintas jurisdicciones viene de la mano de una sobrecarga de los trabajadores, que ven un cambio en sus funcionalidades pero eso no se acompaña de una ampliación de la planta o mejoras salariales. También el problema de los cargos y efectivizaciones. Por ejemplo, en la Obra Social del Poder Judicial se está desarrollando todo un proceso de lucha que incluye paros y cese de actividades en reclamo por la situación de los trabajadores contratados.
Por un plan de lucha unificado de los judiciales
En las próximas semanas se harán elecciones en los distintos organismos del fuero penal. Allí donde dirige el frente Azul-Bermellón, y se ha llegado a asambleas que nuclearon a más de 200 trabajadores, es donde debemos apostar para revalidar una dirección combativa que impulse un proceso de lucha de todo el fuero penal y el conjunto de los trabajadores judiciales.
El método de balcanizar las medidas no nos refuerza ni fortalece, sino todo lo contrario. Nos referimos a lo que frecuentemente realiza la dirección del sindicato de la Ujen: convocar a paros exclusivos del fuero afectado. Si bien también hay convocatorias a paros de toda la justicia, estos replican siempre la misma dinámica: se convoca a paros con muy poca organización, por ejemplo sin una asamblea general de todos los judiciales y sin darle impulso real a las medidas. Es lo que sucedió con el fuero laboral, donde se encontraron ciertos picos de lucha pero se terminó viendo frenada en la medida en que no existió un plan de lucha que organice a todo el Poder Judicial y los Ministerios Públicos de conjunto. Es una lucha que debemos continuar hasta garantizar que ni un solo trabajador quede afuera.
En un cuadro de ajuste y de caída de la imagen del gobierno, es importante salir con una asamblea general del gremio que pueda votar un plan de lucha que unifique a todos los judiciales en la pelea. Sigamos el ejemplo de los judiciales cordobeses, que con el método de asambleas y movilización permanente vienen logrando torcerle el brazo al ajuste del gobernador Llaryora en la provincia.
