Luego de idas y vueltas, el gobierno de Alberto Fernández anunció el pago de un bono de $8.000 para los jubilados de la mínima, que es de $29.061 (unos 4 millones) y cifras menores que les corresponderán a los que cobran hasta $37.000. Este y los otros tres bonos pagados durante el 2021 son la confesión de que se contradicen Fernández y Raverta cuando declaran que “las jubilaciones le ganaron a la inflación”, o se hacen gárgaras de optimismo cuando defienden la fórmula de movilidad impuesta hace un año, que lejos de recomponer las jubilaciones, ha garantizado su hundimiento sistemático.

Los cuatro bonos de la vergüenza muestran que es insostenible el planteo del gobierno de que han logrado “la mejora de las jubilaciones”, o que “las jubilaciones le ganaron a la inflación”. ¿A quién quieren convencer de que se han mejorado las jubilaciones? ¿¡Con qué desfachatez el presidente Fernández, secundado por Manzur y Raverta declara que el “gobierno busca que este bono sea un ingreso que les permita vivir con tranquilidad”!? ¿Qué tranquilidad cuando la mínima es de $29.061 (en diciembre se cobrará $37.000) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) es de $23.249 (en diciembre $30.000), para luego en enero sufrir un descuento de $8.000 porque el bono se cobra por única vez y no se incorpora a los haberes?.

¿Mejoraron las jubilaciones, cuando más de la mitad de los jubilados y pensionados cobra la mínima y sigue el tope en la máxima de $195.000, no considerando desde hace añares el 82% móvil para ninguna escala de jubilados?

A dos años del gobierno del Frente de Todos, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados sigue el curso inaugurado por el macrismo. “Con relación a fines del 2017, a diciembre 2021 las jubilaciones y pensiones se ubicarían entre un 18 y un 27 % por debajo del nivel de 4 años atrás” (Clarín, 8/11).

Y los datos del saqueo a los jubilados siguen. Ya en septiembre “los jubilados pudieron comprar un 6,2% menos de bienes y servicios que lo que podían adquirir un años atrás” (La Nación, 25/10).

Aún con la consideración de que la suma de los ajustes durante 2021 dio 52,67% contra una inflación del 51%, los jubilados perdieron porque los incrementos se producen cada tres meses (cuatro movilidades por año), pero la depreciación monetaria se mide y se padece mes a mes. Es decir, cuando se da el aumento jubilatorio, se hace por detrás del aumento inflacionario de alimentos, transporte y servicios de los meses anteriores.

Los datos son contundentes por donde se los mire: “Desde julio de 2017 hasta fin del 2021 la inflación alcanza el 418,35%, mientras que las jubilaciones se incrementaron entre el 301,04% de la mínima y 268,35% de la máxima (Adrián Tróccoli, Clarín 10/12).

Este “ahorro” en base a la depreciación jubilatoria es el que presenta Guzmán y el gobierno en su conjunto en las negociaciones con el FMI, y son componentes del frustrado presupuesto 2022 y del que tendrá vigencia a través de un oportuno decreto. Con esta situación de miseria jubilatoria, con este bono vergonzoso, con la caída de los beneficiarios de las jubilaciones (han caído la cantidad de jubilados y pensionados en los últimos dos años), con el recorte de los fondos para pagar los juicios, los únicos que festejan son el gobierno, la oposición patronal y el FMI.

Los jubilados estarán presentes en la jornada de lucha a los 20 años del Argentinazo. No se olvida que fueron los primeros ajustados por De la Rúa y Cavallo para cumplir con las demandas del FMI. Reclamarán entonces por $75.000 de mínima; por movilidad automática acorde a la inflación y a los sueldos; por el 82% móvil; por moratoria universal para todos los adultos mayores en edad jubilatoria; por un impuesto a las grandes fortunas genuino; por el pago inmediato de todos los juicios previsionales; todos los trabajadores en blanco y bajo el mejor convenio; no a la reforma laboral antiobrera que reclaman las patronales y el FMI.