La paritaria de lxs trabajadores de la salud ingresa en días decisivos. El gobierno busca maniobrar para hacer pasar un acuerdo que no recupera lo perdido por la inflación, y no saca de la pobreza a un amplio sector de trabajadores de los hospitales públicos. En este cuadro, el rechazo de la docencia de toda la provincia a otra propuesta de ajuste salarial apuntala, todavía más, las justas demandas en todxs lxs estatales.

Por eso es que la movilización convocada por Uepc-Capital y ATE para el próximo 23 de julio tiene todo un papel. Sucede que es la expresión de unidad en la calle, y puede convertirse en un canal para que se expresen todos los reclamos de la paritaria, salarios, jubilaciones, obra social y condiciones de trabajo. Todos estos ítems fueron blanco de la motosierra de Martin Llaryora, que aplica en Córdoba un ajuste en consonancia con la orientación marcada por el presidente Javier Milei.

Hay que decir que toda la confiscación de los ingresos de los trabajadores de la salud contó con la total entrega del SEP, que acordó salarios 50% por debajo de la inflación y entregó todos y cada una de los reclamos de los trabajadores de la salud. Alguna que otra mejora en los sueldos fue el resultado de la lucha de la docencia que empuja los sueldos hacia arriba. Por eso es que el personal de salud debe unificarse junto a la docencia y en la marcha del próximo 23 de julio hay una gran oportunidad.

Sin dudas, un informe realizado por Otes, integrado por docentes de la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, graficó el ajuste sobre la salud de lxs cordobeses.
El mencionado estudio sostiene que “después de un aumento de poco más del 6% en 2017, el gasto en personal del Ministerio de Salud ha mostrado una tendencia general a la baja. Los únicos años en los que este presupuesto se incrementó fueron 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, y 2023. Para 2024, el presupuesto vigente para el gasto de personal es el más bajo de toda la serie, con una disminución de casi el 35% respecto a 2017”.

Además, “al comparar 2024 con 2023, el gasto en personal presenta una caída del 12,3%. Este recorte afecta áreas clave del ministerio, como el presupuesto para el personal de los Centros Asistenciales de Capital, que disminuye un 10,1%, y el de los Centros Asistenciales del Interior, con una reducción del 5,7%. Esto ocurre a pesar de que se prevé un aumento en los cargos públicos provinciales según el presupuesto vigente. Esta situación sugiere que, sin una actualización significativa del presupuesto, el salario real de los trabajadores de la salud tendrá que disminuir, reflejando una contracción en el poder adquisitivo de los mismos y, en consecuencia, un empeoramiento de las condiciones de trabajo”, sostienen los docentes de Ciencias Económicas.

El deterioro presupuestario es manifiesto, así se explican las esperas por un turno, la falta de medicamentos y, por supuesto, salarios y jubilaciones de los trabajadores de la salud deteriorados. El ajuste sobre los equipos de los hospitales repercute indudablemente sobre la salud de toda la población trabajadora que no tiene obra social, e incluso de la que tiene.

El Frente de gremios conformado por Uepc-Capital, ATE, UTS, viene peleando por una recomposición salarial. En esa perspectiva difundió una declaración, e impulsa una deliberación e intervención común contra la misma patronal ajustadora, el gobernador Martin Llaryora. En ese sentido se expresó el plenario de delegados provinciales de ATE que también votó iniciativas contra la implementación del Fonsaet de Apross. Con la unidad de los trabajadores podemos recomponer el salario e ir por todos los reclamos pendientes, el próximo 23 de julio demos un paso en ese sentido.

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