La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó al Ministerio de Trabajo que declare la “esencialidad” de la actividad portuaria del Puerto de Rosario para terminar con el conflicto que ya arrastra un mes de extensión y que tiene a la patronal violando la conciliación obligatoria pactada, con cinco trabajadores impedidos de ingresar a trabajar.

Desde la UIA señalan que hay más de 1.000 contenedores inmovilizados por el conflicto y a la intemperie, afectando a diversas industrias, entre ellas la automotriz, alimenticia, farmacéutica y de electrodomésticos, y ocasionando distintos inconvenientes contractuales e incumplimientos en la cadena logística.

El conflicto tiene sus orígenes en el reclamo del Supa –que nuclea a parte de los trabajadores portuarios- de una recomposición salarial que cubra al menos los efectos de la inflación sobre los salarios, la cual fue rechazada por la patronal de Terminal Puerto Rosario S.A. (TPR), agregando 25 despidos.

Tras las primeras negociaciones, la patronal aceptó el reingreso de 20 de los trabajadores cesanteados, manteniendo a cinco por fuera, incluso a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio, que obliga a la empresa a permitir el acceso del conjunto de los trabajadores.

Este incumplimiento volvió a caldear los ánimos entre los trabajadores, quienes se movilizaron a la sede del sindicato para impedir que se consume el despido de los cinco trabajadores restantes, lo que implicaría un antecedente nefasto para la organización sindical de los portuarios y para el propio conflicto, y mostrando una fuerte disposición a la lucha de los trabajadores..

En el trasfondo del ataque patronal contra los trabajadores se inscribe un intento de hacer pasar una reforma laboral flexibilizadora, ampliando la jornada laboral de 6 a 8 horas, eliminando un turno, modificando condiciones y aplastando los salarios. Además de la propia disputa por el control de la concesión del puerto que tiene en TPR a una sociedad entre la vaciadora Vicentín y el grupo chileno Ultramar.

Tanto el gobierno de Omar Perotti como el Ministerio de Trabajo son cómplices de la conducta ilegal de la patronal, más aun habiendo por medio un contrato de concesión y distintos mecanismos que habilitan la intervención del Estado contra la empresa. Ahora se suma, además, el pedido de la entidad que nuclea a las patronales para regimentar a los trabajadores y finalizar el conflicto.

El conflicto del Puerto de Rosario requiere extender la respuesta que los trabajadores vienen desarrollando con un paro regional, por el pago de los salarios adeudados, la reincorporación del conjunto de los trabajadores despedidos, la recomposición salarial y el rechazo a la reforma antiobrera de la patronal.

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