Los puestos de trabajo de los 17 trabajadores de la empresa Top Line (ubicada en la localidad santafesina de Rafaela) penden en la actualidad de un hilo, en el marco de un conflicto que se arrastra desde la primera quincena de noviembre (la última en que cobraron su salario).

Numerosas denuncias señalan que la actual crisis de la empresa, que produce tapas de cilindros para motores y hasta hace poco tiempo contaba con clientes internacionales, fue generada intencionalmente por el gerente de la fábrica, Néstor Alberto (propietario de una parte de la empresa). El mismo acumuló deudas con clientes y de aportes a los trabajadores (fondos cuyo paradero es incierto), abandonó el mantenimiento de la maquinaria y habría dejado caer intencionalmente las normas ISO que permitían a la empresa exportar.

Pese al desvío de fondos y el no pago de sueldos, aportes y jubilaciones, Alberto no está acusado de ningún delito. No solo eso, sino que ahora pretende aprovechar este cuadro de crisis para sacar una nueva tajada: en el marco de las negociaciones para la venta de la empresa, puso un freno a la operación demandando una suma de 2 millones de pesos para declararse en quiebra. "Yo estoy muy enfermo, en cualquier momento me muero, no me importa nada", sostuvo en una reunión en la Secretaría de Trabajo sobre la situación desesperante de los trabajadores.

El vaciamiento de la empresa cuenta con la complicidad de los gobiernos provincial y local, que no han intervenido en el conflicto pese a la demanda de los trabajadores. Se suma a ello el rol decadente de la burocracia sindical: la UOM rafaelina, luego de empeñarse en ocultar el conflicto y negarse a llevar acción de lucha alguna para evitar esta situación, se sentó a negociar con la patronal la entrega de los trabajadores –lo único que estos obtuvieron de tales conversaciones fueron $10.000 por 90 días. El secretario general de la seccional, Roberto Oesquer, se niega a impulsar un plan de lucha de todo el arco metalúrgico de la ciudad en defensa de los puestos de trabajo y el salario.

El gobierno municipal recién convocó a una audiencia el miércoles 31 de enero, luego de la cual se llamó a un cuarto intermedio hasta el 6 de febrero –cuando “se aguardan novedades de un posible comprador, según la palabra de los principales responsables” (R24N, 2/2).

Exigimos que se garantice la continuidad de los puestos de trabajo y planteamos la unidad de los trabajadores en lucha, en la perspectiva de un paro nacional activo y la convocatoria a un congreso de bases de todo el movimiento obrero.