Juan Schiaretti y el ministro de Educación, Walter Grahovac, ingresaron a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para reformar el Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior (decreto-ley Nº 214/63) con cambios sustanciales que llevan a la precarización de la labor docente de todos los ingresantes al sistema educativo, aquellos que aún no han podido tomar horas o cargos y a los que, por distintos motivos, deseen realizar traslados o concentraciones. El texto del proyecto de ley con número de ingreso a la Unicameral lo dio a conocer de manera oficial el 27 de noviembre la Uepc (gremio docente), que fue quien lo diseñó junto al Ministerio de Educación, a pesar de que en un Plenario sindical informativo de Córdoba Capital llamado para otros fines, Uepc declaró sus intenciones de cambiar el estatuto y obtuvo el rechazo cabal de los delegadas y delegados allí presentes.

La “zanahoria” de la titularización

En este proyecto, que fue acordado el 2 de abril de este año, se incorpora la titularización de los docentes precarios de las escuelas ProA (Programa Avanzado de Educación Secundaria con énfasis en Tecnologías de la Información y de la Comunicación ), PIT (Programa de Inclusión y Terminalidad) y los Coordinadores de nivel secundario siempre que cumplan algunos requisitos. La conducción de Uepc pretende canjear la precarización laboral del conjunto de la docencia por la titularización de un puñado de compañero/as a los que nunca defendió y permitió por años que carecieran de derechos laborales y sindicales. Solo con la organización y la lucha que desarrollaron, por ejemplo, los docentes del PIT, pudieron acceder incluso a ser elegidos como delegados sindicales de las escuelas por las que se postulaban, derecho que la propia Uepc negaba.

https://www.uepc.org.ar/noticia/2262-se-elev-el-proyecto-de-ley-para-la-reforma-del-estatuto-de-secundario

Pero con la “zanahoria” de la titularización aparecen las modificaciones más sensibles de la reforma que refieren a la sustitución del artículo 9°: “El ingreso a la docencia se hará en un cargo docente o en horas cátedra. Los profesores con título docente y con menos de veinte (20) horas cátedra tendrán derecho a acrecentar de forma prioritaria” y la del artículo 12: “se establece de manera expresa que los títulos habilitantes y supletorios se considerarán reglamentarios para la cobertura de asignaturas o cargos, cuando no exista el título docente o cuando haya sido declarado desierto el concurso. Debe entenderse que no se restringe al aspirante con título habilitante o supletorio al acceso a la docencia, solo que lo harán con carácter interino o suplente, reservando la condición de titular para los aspirantes con título docente.”

La reforma restringe la titularización, una conquista que ofrece el derecho a la estabilidad laboral, solo a los y las aspirantes con título docente. Fuera de contexto, la profesionalización del trabajo docente puede parecer un planteo lógico, pero a la fecha, en la Junta de Clasificación, alrededor del 25% de los postulantes poseen titulación docente. La provincia lo sabe perfectamente pero, como venimos denunciando, las políticas de miseria y ajuste que desarrollan Schiaretti y Grahovac están desmantelando el sistema educativo desde el ataque a sus profesorados y el intento de cierre como así también el ataque a la UPC (Universidad Provincial de Córdoba). Una política de cierre de profesorados versus la exigencia de título docente para “evitar ser un trabajador precario” cuando el 75% de los aspirantes posee títulos habilitantes y supletorios. A este planteo, la conducción de Juan Monserrat (secretario general del gremio) lejos de oponerse, lo rubrica con el acuerdo expreso.

El proyecto, además, incluye el artículo 17 bis que “habilita la incorporación de un procedimiento específico que además de la valoración de los títulos y antecedentes, evalúe la idoneidad requerida de los aspirantes para cubrir, con carácter titular, los cargos de Coordinador de Curso en el Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos y horas cátedra de Programas, Planes y Proyectos Educativos que así lo ameriten”. Legalizan un nuevo método de ingreso a la docencia que no sea por LOM (Lista de orden de Mérito), sino a través de una comisión integrada por el gobierno y la Upec: un armado punteril donde meten por la ventana el nuevo parámetro de la idoneidad, que será “evaluada” de manera subjetiva y poco clara, quedando el aspirante al designio de uno o varios funcionarios que tendrán la facultad de elegir “a dedo” a quienes consideren idóneo. Institucionalizan, así, un instrumento que antes se utilizaba con carácter de excepcionalidad y que luego lo extenderán para el conjunto de la docencia, no solo para los cargos de Coordinadores de Curso, etc. Es la destrucción lisa y llana de la Lista de orden de Mérito y del propio criterio de la defensa de la formación docente que dicen respaldar. Esta metodología precaria e irregular se utilizó durante toda la cuarentena en el 2020 y será utilizada en el 2021, aludiendo a la excepcionalidad de la situación y convirtiéndola en regla, a pesar de que el Estado podría haber cubierto todos los cargos y horas cátedras según los mecanismos regulares de respeto a la LOM.

El título de profesor/a: ¿una garantía para la estabilidad?

Por sobre todo, el argumento de que se busca profesionalizar el trabajo docente y apuntar a que se valore la formación y el título del profesor es una impostura porque, mientras pregonan ese planteo, el gobierno, a través de la Upec, anunció las intenciones de eliminar la Junta de Clasificación, organismo elegido por toda la docencia, para reemplazarlo por comisiones del gobierno que limiten cada vez más el alcance de los títulos y ahora “garanticen la idoneidad” para ingresar a los cargos. A partir de esa supuesta puesta en valor de la formación en carreras con título de profesor/a, Monserrat y el gobierno generan una división en la docencia e instalan un falso debate. La muestra clara de esa falacia está en que también atacan a quienes tienen título de profesor/a a través del mecanismo que ya fue implementado hace unos años: la creación de la Unidad de Certificación y Alcance Títulos, una entidad del gobierno en donde Uepc tiene participación, que avasalla la Junta de Clasificación y dictamina qué alcance tienen los títulos y qué materias pueden dictar en el secundario los y las docentes de manera absolutamente restrictiva, incluso con aquellos que posean títulos de profesores, al reducir el alcance y categorización como docente del título a muy pocas materias, dejando la gran mayoría bajo la categoría de “supletorio o habilitante”. Estos criterios, completamente arbitrarios, no solo se están aplicando a las nuevas reglamentaciones de títulos sino que revisan los ya reglamentados. Esto significa que el título de profesor categorizado como supletorio/habilitante no podrá titularizar y quedará como interino. Es decir, no hay ningún debate real de profesores/no profesores, la única puesta en valor del gobierno y la celeste es la de generar un océano de interinos con una isla cada vez más reducida de titulares.

La reforma del estatuto forma parte de la las “reformas laborales” en educación que se implementan en toda Latinoamérica a la medida de lo que exige el Banco Mundial. El objetivo precarizador va de la mano de la mercantilización de la formación docente para que el docente pueda acceder o permanecer en un cargo, donde se prioriza el negocio de los títulos de profesorados o trayectos del que participarán universidades privadas y sectores del Ministerio de Educación que arman sus propios “kioscos” de formación paga. Como vemos, no prima la profesionalización sino el negociado; el Estado no garantiza los medios para que ningún docente en actividad pueda realizar un profesorado público sin aranceles.

Tenemos que derrotar este ataque

La conducción celeste de Uepc representa una pata necesaria para que todos estos ataques a la docencia pasen en el mayor clima de paz social. Amparándose en los decretos nacionales y provinciales, no han realizado ninguna asamblea resolutiva sobre este tema; es más, firmaron el acuerdo para la presentación de este proyecto para meterlo con fórceps al conjunto de la docencia que desconoce de qué se trata. Un método que viene usando desde que aceptaron la paritaria salarial, de manera inconsulta, la postergación que nos hizo perder tres meses una nueva paritaria y varios etcéteras que van en detrimento de la docencia. Lo que no pudo pasar por asamblea, se lo entrega a la Legislatura que aprobó el robo a la jubilaciones, para que en una sesión maratónica de fin de año, a espalda de los docentes y con el rechazo de la mayoría de los delegado y delegadas que pudo acceder al proyecto, lo apruebe.

Para derrotar esta avanzada precarizadora, como lo hicimos cuando dimos por tierra al Resolución 520 que precarizaba el trabajo de los comunicadores sociales, es necesario que las y los delegados convoquemos asambleas en el conjunto de las escuelas para que la docencia pueda rechazar este atropello. La oposición docente ya inició un plan de acción, realizó a varias actividades y ha convocado a las puertas del sindicato para la próxima semana.