De acuerdo con una información trascendida en el Cronista Comercial (3/1), el gobierno enviaría un proyecto de ley para regular a las empresas de aplicaciones como Pedidos Ya y Rappi.

La reforma se concentraría fundamentalmente en el punto de los aportes previsionales, buscando ampliar su base y el monto. Lo haría a través de un régimen previsional especial como el de la construcción, que se encuentra por fuera de la Ley de contrato de trabajo, o de la creación de una categoría especial de monotributo.

Lo primero que hay que hacer notar es que se trata de una medida para paliar el agujero fiscal, de ninguna manera es un avance para formalizar la relación laboral, única manera posible de gravar a las patronales por la cantidad de trabajadores bajo su dependencia que actualmente desconocen.

Al igual que en la actualidad, donde la mayoría de los repartidores están registrados en alguna categoría de monotributo, la carga seguiría en manos del trabajador. Un régimen previsional cuyo modelo sería la construcción que al estar por fuera de la Ley de contrato de trabajo prolifera el trabajo precario o directamente en negro -como también sucede con las aplicaciones- que obviamente no se toman en cuenta para el cálculo jubilatorio, nos revela la clase de escala a la baja que buscarían institucionalizar.

Totalmente a tono con los tiempos de reformas previsionales fondomonetaristas que atacan a las jubilaciones diferenciales conquistadas por los trabajadores.

El Estado ya se ha definido “incompetente” a través del Ministerio de trabajo frente a la demanda de regular la relación laboral, amparando la precarización que existe en la llamada economía de plataforma. A su vez, en CABA, vota junto a Cambiemos el Rutramur que significa mayores gastos y responsabilidades para los trabajadores
lavándole las manos a las empresas.

El Rutramur es obligatorio en CABA y tiene un costo de hasta $1.000 si se trabaja en moto. A su vez, permite la persecución y hostigamiento policial a quienes trabajan en reparto, que quedan sujetos a la corrupción de la policía o a grandes multas y hasta la quita de los vehículos que son su herramienta de trabajo.

El gobierno de los Fernández avanza en regulaciones cuya base no es otra que el reconocimiento de la precarización, aún de forma implícita, en función únicamente de aumentar la recaudación.

Nada de limitar los ritmos de trabajo que llevan a la muerte a varios compañeros por mes, de otorgar el derecho a licencias, ART, seguros e instancias de negociación paritaria. Eso sí, intervienen asiduamente cuando se trata de los reclamos de las cámaras gastronómicas, que rebajan las comisiones que pagan aprovechando que las aplicaciones se vienen ahorrando sendos costos laborales.

Estamos por una verdadera regulación laboral que termine con la voracidad de las patronales de apps, como un paso hacia la creación de un convenio colectivo discutido por los trabajadores y que contemple cada una de sus necesidades. Desde ATR impulsamos este debate y la organización en todo el sector.

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