La burocracia de la Asociación Civil de Repartidores Independientes (Acri) selló el lunes 17 de este mes, junto a Glovo y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un acuerdo para que los repartidores “colaboren” en la prevención del delito. Los firmantes fueron Mauro López por Acri, Pablo Fernández, subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad; y Santiago Sanguinetti, representante regional de Glovo.

Según la información publicada en distintos medios, el acuerdo de “Alerta Ciudadana” implica la posibilidad de formar parte en capacitaciones para detectar e informar situaciones de violencia, robo e inseguridad vial. Si bien la única empresa firmante ha sido Glovo, la iniciativa plantea sumar al resto de las empresas.

La cuestión de la seguridad para los repartidores ha sido un problema fundamental desde la llegada de las aplicaciones al país. Solo en cuarentena, un repartidor de Rappi fue baleado en La Plata, un compañero de PedidosYa fue asesinado en Tucumán y, el caso más reciente, un trabajador de una distribuidora de Mercado Libre fue asesinado en Adrogué. Estos son algunos de los hechos más graves. La burocracia de Acri busca montarse en esta situación para realizar un acuerdo con sus principales responsables: sucede que, como hemos denunciado, los crímenes tienen lugar merced a las zonas liberadas por la policía.

Entre los puntos que se han conocido no figuran ninguno de los reclamos que los repartidores venimos levantando con fuerza y que han sido demandas fundamentales de los paros nacionales e internacionales realizados en los últimos meses, como poseer seguros a cargo de las empresas que aseguren los valores y herramientas con las cuales trabajamos, así como la posibilidad de rechazar pedidos a zonas consideradas peligrosas sin ser víctimas de sanciones y suspensiones por parte de las empresas.

La ausencia de estos reclamos en el acuerdo obedece a que Acri no representa de manera genuina los reclamos y necesidades de los repartidores, sino más bien el de las empresas. Incluso algunos integrantes de su comisión directiva ya no son repartidores y se han integrado al Estado con cargos en el Ministerio de Seguridad.

En el caso de los responsables de las fuerzas de seguridad provincial, están más preocupados por contener la crisis social mediante la represión, como hemos visto cuando los vecinos reclaman por los repetidos cortes de luz en distintas zonas y en el caso de los manteros en las calles del centro platense. Con Sergio Berni a la cabeza, la Bonaerense está implicada en la desaparición forzada de Facundo Castro y en el asesinato de un pibe cada 40 horas. Acri quiere poner a los repartidores al servicio de estos represores.

Por todo esto, desde la Agrupación de Trabajadores del Reparto (ATR) entendemos necesario que los repartidores sigamos organizándonos de manera independiente del Estado y las burocracias sindicales y debatiendo cómo continuar con la lucha por nuestros derechos. Está en marcha una regulación de la actividad a nivel nacional y en distintas provincias, que no difiere mucho de la norma contra los trabajadores de la actividad que se aprobó en la Legislatura porteña.

En distintos distritos como Luján, Pilar y este jueves en Merlo, la bronca frente a los hechos de inseguridad empuja a los repartidores a organizarse y movilizar. Es necesario unir estos reclamos a las empresas y al Estado detrás de un reclamo de una regulación discutida por los trabajadores del reparto y no por las empresas y funcionarios.