El pasado miércoles se reunió la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) que es encabezada por Ricardo Pignanelli (secretario general del Smata). Entre quienes participaron del Congreso estuvieron el titular del gremio del Vidrio y cosecretario general de la CGT, Cristián Jerónimo; el líder de la UOM, Abel Furlán; Héctor Laplace (Aoma) y otros dirigentes del sector industrial.

Todos hicieron hincapié en que hay que “frenar el industricidio” anunciado por el gobierno, pero en ningún momento el congreso se pronunció contra la reforma laboral; muy por el contrario, se mencionó en varias oportunidades la necesidad de sentarse a negociar una mejor “modernización laboral” dando garantías a las patronales para que puedan desarrollarse en mejores condiciones y acrecentar así sus tasas de ganancias a costa de una mayor explotación obrera.

Por otro lado, CSIRA reconoce que el empleo industrial registrado cayó en 16 de 21 meses, resultando en la pérdida de más de 42.000 puestos manufactureros directos. A lo cual se le suma la destrucción de más de 125.000 puestos de trabajo en el sector de forma indirecta.

La crisis queda demostrada con la suspensión de líneas de producción y el reemplazo de producción nacional por bienes importados. Según el comunicado de la confederación, casi 2.000 empresas industriales cerraron desde noviembre de 2023. Pero al igual que el Smata, la UOM y los distintos gremios industriales, poco o nada han hecho para detener semejante sangría ocupacional, incluso han sido cómplices de aplicar el ajuste sobre las espaldas de las y los trabajadores industriales, permitiendo despidos encubiertos bajo el seudónimo de “retiros voluntarios” y la implementación de una flexibilización brutal en las condiciones laborales.

El comunicado del congreso de CSIRA cierra con una declaración de principios: la industria es calificada como el “corazón del progreso material, la fuente principal de innovación, el sostén del empleo calificado y el cimiento de cualquier proyecto de desarrollo”. Y convoca a los distintos actores del sector industrial, trabajadores, empresarios industriales, pymes, estudiantes, etc, a tener acciones comunes para frenar el industricidio, como si los intereses obreros fueran los mismos que el interés del capital y de los patrones.

La CGT también propone dialogar. Como es harto sabido, la cúpula de la central obrera sigue insistiendo con la necesidad de sentarse a dialogar con el gobierno de Milei, para discutir una reforma laboral que “no sea tan perjudicial” para los trabajadores, pero aclara que “no se puede tomar ninguna iniciativa contra un proyecto aún inexistente, luego que formalmente el proyecto sea presentado en el parlamento por el gobierno, lo analizaremos y daremos a conocer las posibles acciones a realizar”. Pero adelantó que ya tiene un “contra proyecto”, que será presentado por los diputados del peronismo afines a la conducción sindical.

Uno de los puntos más controversiales del “contra proyecto” es el llamado “Empleo Joven”, donde se plantea un esquema que permita mayor flexibilidad en salarios, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones para jóvenes de hasta 30 años, que según la mirada de los burócratas sindicales, permitirá una mayor contratación de personal joven sin afectar los derechos adquiridos por quienes ya están estructurados en convenios preexistentes, recalcando que los jóvenes accederán al “paquete completo de protecciones gremiales” recién al cumplir la edad establecida.

Según la CGT, se trata de un modelo “que preserva los derechos de los trabajadores con antigüedad y crea un escalón intermedio para los nuevos ingresos”. Esta flexibilización laboral hacia los más jóvenes es brutal, y no garantiza nada, ni a “los nuevos ni a los que tienen antigüedad”; básicamente lo que plantea el proyecto cegetista y por carácter transitivo peronista, es que si un joven de 18 años ingresa en el mercado laboral debe aguantar más de 12 años condiciones laborales esclavistas. En cuanto a los trabajadores con “antigüedad”, mayores de 30 años, ¿quién les garantiza una permanencia favorable hasta la edad jubilatoria? al plantearse una reforma previsional y un fin de “la industria del juicio” abaratando los despidos. ¿Quién frenará a las patronales para no hacer un recambio generacional que les abarate “los gastos” en mano de obra?

Claro ejemplo de la falacia que significa un proyecto de este tipo es el “nuevo convenio” que permitió aplicar el Smata desde que se instaló la empresa automotriz Toyota en nuestro país, en los ‘90, casualmente en el mismo periodo que se implementó la tan nombrada reforma laboral menemista, cuando se les prometió a los jóvenes operarios, en su mayoría menores de 20 años, que luego de cinco años tendrían mejores condiciones y mayor protección gremial, cosa que nunca ocurrió, muy por el contrario lo único que se logró es que la empresa nipona tenga el promedio de edad más bajo entre los trabajadores metalmecánicos, el cual es de 27 años, descartando a los operarios que sufren un sin fin de enfermedades profesionales, llegando a ser la compañía con el porcentaje más alto de lesionados física y emocionalmente de la industria automotriz, realizando constantemente un recambio obrero que “rompe” a los más jóvenes y expulsa del mercado laboral a los más antiguos.

Para ponerle un freno a Milei y a todos sus cómplices políticos pro patronales que junto a las burocracias sindicales quieren dejar pasar las distintas reformas laborales, previsionales, impositivas, penal, etc, todas reformas que atacan directamente a la clase trabajadora, es necesario unificar las luchas obreras, fortaleciendo la organización de las y los trabajadores desde abajo superando a los burócratas sindicales, teniendo un plan de lucha que nos lleve a la huelga general que derrote el avance patronal.