El gobierno rionegrino de Arabela Carreras ha emitido la resolución 3100/21, con la sola firma de la ministra de Educación Tracchia. La norma le exige a los equipos directivos que apliquen tres días de inasistencias para aquellos que adhirieron a la determinación del Plenario de Secretarios Generales, que por mayoría definió suspender las clases presenciales y trabajar desde la virtualidad ante el colapso del sistema sanitario y en resguardo de la docencia y las comunidades educativas.

En un claro acto disciplinador y arbitrario, por fuera de toda norma legal, el gobierno desconoce la definición de un sindicato para sostener la presencialidad a cualquier costo, a pesar de que los índices epidemiológicos están en rojo. El nuevo DNU de Fernández, que restringe la circulación y las clases presenciales, y la decisión de la conducción Azul-Arancibia de no confrontar con una medida de fuerza, ha puesto en standby el conflicto.

La resolución desmiente a la conducción de UnTER Central que reivindicaba el diálogo y la conformación de comisiones de seguimiento de la pandemia en el ámbito educativo. La norma dictada por la ministra de Educación y las direcciones de nivel se enmarcan en las clásicas prácticas desleales de las patronales, con el único propósito de impedir la actividad gremial y sus definiciones.

 

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La política autoritaria y de avasallamiento de los derechos laborales de los trabajadores son una causa común de los gobiernos ajustadores. La misma línea lleva adelante Alicia Kirchner atacando con una multa multimillonaria al sindicato ADOSAC, interviniendo además anti democráticamente las Juntas de Clasificación, o Larreta en CABA cuando persigue a la docencia con descuentos por las medidas de fuerza ante el desmadre de la pandemia.

La expulsión de Tracchia y de todos los directores de nivel afiliados al sindicato debe ir acompañada de medidas que propicien el debate y la organización para enfrentar la decisión de retorno a clases presenciales intempestiva y sin condiciones de Carreras, que claramente se posiciona del lado de las patronales. El resto de los gremios estatales sólo han hecho declaraciones reclamando la suspensión de la presencialidad, pero cuidándose de no realizar medidas de fuerza. Su verborragia pro-patronal no les permite apoyar los reclamos urgentes de las y los trabajadores hospitalarios que urgen por la situación de colapso. El fracaso estrepitoso de la política sanitaria requiere que las y los trabajadores enfrentemos con un programa propio e independiente de los partidos patronales para evitar más contagios y muertes.

 

 

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