Las autoridades del Ministerio de Educación rionegrino, a partir de la suspensión de la presencialidad, han cesado laboralmente a toda la docencia que suplanta a docentes dispensados. La norma ya se había aplicado semanas atrás en Bariloche, primera ciudad que ingresó a la virtualidad por la alta circulación y el colapso del sistema de salud.

La emergencia de la pandemia le ha servido al gobierno para violentar el Estatuto Docente y precarizar aún más el trabajo docente. El cese laboral es producto de que la resolución 1928/21 introdujo designaciones para cumplir con una finalidad: la presencialidad. Esto hizo que quedaran fuera de la asamblea de cargos de docentes dispensados las/os compañeras/os con enfermedades.

La selectividad y discriminación laboral es evidente y permitida por la conducción central del sindicato, desde donde no se rechazó el cese cuando se produjo semanas atrás en Bariloche, contentandose con que los despedidos tengan prioridad si retorna la presencialidad. Ahora que la situación se ha generalizado en toda la provincia, y para no quedar expuestos, han planteado la continuidad de los docentes despedidos.

El recorte presupuestario también afecta a la docencia que se encuentra en dispensa, quienes tienen enfermedades y comorbilidades serias que impiden su trabajo frente al aula. Las y los compañeros no tienen el esquema de vacunación completo, el cual se encuentra atrasado y por fuera de los plazos recomendados por una definición política y no sanitaria. Ésta situación plantea que no se tienen certezas y garantías ciertas de inmunización completa. La resolución de Fernández y los gobiernos provinciales de retorno obligatorio a la presencialidad, pasados los 14 días después de la segunda dosis, los pone en claro riesgo de vida.

El reciente fallecimiento de la docente Érica Chivalero, aun teniendo las dos dosis aplicadas y con comorbilidades, debe poner en alerta a la docencia. No pueden retornar a la presencialidad la docencia dispensada sin el esquema vacunatorio completo en tiempo y forma, un exhaustivo análisis con conteo de anticuerpos a cargo del Estado y sólo si el médico de cabecera lo dispone. Además de garantizarse todas las condiciones sanitarias y epidemiológicas.

Ante una conducción que ha dejado pasar estas aberraciones antilaborales y un gobierno que arremete contra la docencia con descuentos, intimidaciones y aprietes, se hace más necesario la deliberación democrática de las asambleas y congreso para votar un plan de lucha que de por tierra la política de ajuste y la complicidad de la burocracia sindical.

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