Sindicales
21/9/2026
San Miguel: A 16 meses de la muerte de Joaquín Ortega, su familia sigue luchando por justicia
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Joaquín Ortega tenía 19 años. El 10 de mayo de 2025 murió mientras realizaba tareas de pintura de postes de luz en Bella Vista, en condiciones de absoluta precarización y sin las medidas mínimas de seguridad. A 16 meses de su muerte, su familia continúa movilizándose para exigir justicia y que se investigue hasta el final la responsabilidad de empresarios y funcionarios municipales.
El sábado 10 de mayo de 2025, Joaquín Ortega y sus compañeros de trabajo se encontraban pintando postes de luz en la localidad de Bella Vista. Según denuncian sus familiares, trabajaban sin los elementos mínimos de seguridad: no se interrumpió el suministro eléctrico de los postes sobre los que trabajaban, no contaban con ropa ni calzado adecuados para realizar tareas en instalaciones con tensión eléctrica y la pintura era diluida con gasoil, un material altamente inflamable.
En esas condiciones de permanente exposición al riesgo se produjo el contacto con la corriente eléctrica. El material inflamable provocó un arco voltaico que terminó con la vida de Joaquín Ortega y Roberto Mora.
La empresa para la que trabajaba Joaquín, Gea Group, había obtenido una licitación por $95 millones para realizar tareas de pintura de los postes de luz del municipio. La familia denuncia que sus responsables, Agustín Bordón y Aníbal Sidan, mantenían vínculos cercanos con funcionarios y dirigentes políticos del municipio de San Miguel, entre ellos el intendente Jaime Méndez y su jefe político, Joaquín de la Torre.
Para la familia, estos vínculos son una parte central de la investigación: sostienen que la licitación y su ejecución se realizaron sin los controles necesarios y que la precarización de las condiciones laborales terminó convirtiéndose en una cuestión de vida o muerte para los trabajadores.
Una lucha que no se detiene
Desde la muerte de Joaquín su familia viene sosteniendo un reclamo permanente de justicia. Realizaron movilizaciones, cortes de calles y permanencias frente al municipio de San Miguel y ante la Fiscalía N° 4 de San Martín, reclamando que se avance sobre todas las responsabilidades involucradas.
Una de las últimas movilizaciones frente a la Fiscalía derivó en la detención de Aníbal Sidan y Agustín Bordón. Bordón recuperó posteriormente la libertad tras el pago de una fianza. En el caso de Sidan, la familia también señala la existencia de una denuncia previa por un homicidio cometido a golpes y cuestiona que aquella causa haya terminado con una condena de tres años que, según denuncian, no llegó a cumplirse efectivamente.
Para los familiares, no se trata solamente de determinar quiénes ejecutaron materialmente las tareas que terminaron provocando la muerte de Joaquín y Roberto. El reclamo apunta también a establecer las responsabilidades empresariales y políticas que permitieron que trabajadores jóvenes fueran enviados a realizar tareas peligrosas sin las condiciones elementales de seguridad.
De homicidio culposo a dolo eventual
Uno de los principales reclamos de la familia es el cambio de carátula de la causa: de doble homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual.
La diferencia no es menor. La familia sostiene que las condiciones en las que trabajaban los jóvenes no fueron un hecho accidental o imprevisible, sino que existía conocimiento de los riesgos y una persistencia en el incumplimiento de las medidas básicas de seguridad.
También reclaman que avance la investigación por la denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el exsenador provincial Joaquín de la Torre y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez.
La familia sostiene que existían elementos suficientes para que el municipio controlará y, eventualmente, suspendieran las tareas. Entre las pruebas que señalan se encuentran videos que mostrarían graves incumplimientos de las condiciones de seguridad laboral, entre ellos el desplazamiento de un camión elevador con trabajadores en altura.
Justicia por Joaquín y por todos los trabajadores
La muerte de Joaquín Ortega y Roberto Mora expone una realidad que atraviesa a miles de trabajadores: cuando la ganancia empresarial y los negocios políticos se colocan por encima de la vida, la precarización laboral puede terminar siendo mortal.
Joaquín tenía apenas 19 años. Como tantos jóvenes trabajadores, buscaba ganarse la vida y construir un futuro. Murió trabajando en condiciones que, según denuncia su familia, podían y debían haber sido evitadas.
La familia continúa en las calles. Reclama justicia, investigación y castigo para todos los responsables, tanto empresariales como políticos.
Basta de precarización laboral. Que se investigue hasta el final la responsabilidad de empresarios y funcionarios.
La lucha de la familia demuestra que la organización y la movilización son fundamentales para enfrentar la impunidad. Frente a gobiernos que garantizan negocios mientras los trabajadores pagan con sus vidas, es necesario profundizar la organización desde abajo y unir estas luchas con la de todos los trabajadores.
Basta de muertes obreras ¡Justicia por Joaquín Ortega!
