Este martes 1 de agosto, en el marco de una volanteada de campaña hacia las y los trabajadores de Vialidad Provincial, nos encontramos con los reclamos de 91 trabajadores de una cooperativa que corren el riesgo de quedarse sin trabajo si no se les renueva el contrato. Esto se suma a que no se ha cumplido con el incremento salarial que se les prometió; sus salarios rondan los $80.000.

Los trabajadores de esta cooperativa trabajan, en algunos casos, hace 8 o 10 años en Vialidad, cumpliendo 8 horas de trabajo como el resto del personal, son monotributistas que cobran salarios de miseria, y no tienen obra social ni aportes jubilatorios. Además, el Estado los obliga a pagar un monotributo de $6.000, que estiman podría subir a $12.000 en los próximos meses. Es decir, el Estado los explota, no les brinda ningún derecho social y los obliga a pagar un monotributo que se lleva un porcentaje importante de sus magros salarios, ¿a esto le llama ampliación de derechos el peronismo?

Es urgente que el presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull, atienda el reclamo de los trabajadores y les asegure la continuidad laboral. Estrictamente debería arbitrar los medios para pasar a estos trabajadores y trabajadoras a planta permanente con los mismos derechos y obligaciones del resto del personal.

No puede ser que el Estado obligue a las cooperativas, mediante licitaciones, a desenvolver una competencia salarial para empujar los sueldos hacia abajo y así poder obtener un contrato. Es claro que los planteos de “la derecha” los lleva adelante el propio gobierno que se dice defensor de los derechos de las y los trabajadores.