Con la ley jubilatoria 10.694, que el gobierno de Juan Schiaretti aprobó en plena pandemia, en Córdoba un docente que se jubila con 57 o 60 años pasa a cobrar de un momento a otro alrededor de la mitad de lo que era su sueldo en actividad.

Esta ley planteó un recorte en los haberes previsionales: el cálculo se hace sobre el promedio de los últimos 10 años y no sobre el total del bruto, sino con un previo descuento de los aportes. Esto destruyó el 82% y lo transformó en un 73%, sólo de las sumas remunerativas del salario. Y todo después de haber aportado durante años un 18% (un 7% más que el resto de los trabajadores en actividad) que fue sencillamente robado por el gobierno y entregado por la conducción del sindicato Uepc (docentes de Córdoba).

Pero la situación empeoró aún más. Los últimos aumentos salariales engrosaron la parte en negro del sueldo docente. El incentivo pasó a tener un mayor peso en la conformación de nuestro salario. Incluso el gobierno de la provincia decretó un incentivo provincial, es decir un bono en negro, que para un docente con 30 horas cátedra representa más del 10% de su salario. Toda esa plata desaparece en la jubilación. A la precarización y la miseria de nuestro salario le sigue la indigencia de la jubilación.

La situación es catastrófica, pero los ajustes contra las jubilaciones siguen. Los jubilados cobran los aumentos con dos meses de diferimiento, cuando ya están completamente licuados por la inflación. Además, el gobierno sigue promoviendo el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones; incluso condenando a los jubilados a la miseria. Se informa que el déficit de la Caja de Córdoba creció el último año 30 puntos por encima de la inflación. Es decir que pretenden que los ajustes sigan.

Toda esta grave situación hizo que los trabajadores jubilados de la provincia comenzaran a intervenir y a desarrollar un plan de lucha que viene sumando acciones y movilizaciones en Capital y en el interior de la provincia. Este plan de lucha marca un camino de acción contrario a la entrega de las conducciones sindicales.

Por un paro provincial y un plan de lucha de los gremios estatales

Después de dos años de sancionada la ley 10.694, que significa un recorte histórico contra las jubilaciones y ha transformado a la jubilación docente de Córdoba en la peor del país, no ha habido una sola medida de lucha por parte de la conducción de Uepc ni de los gremios estatales. Ningún paro ni plan de lucha.

Ahora, incluso, han abandonado el reclamo por la derogación de la ley y plantean apenas una reforma para lo cual llaman a los docentes a juntar firmas por una iniciativa popular. La iniciativa popular es una figura constitucional que consiste en alcanzar las firmas del 5% del padrón para que la derogación tome estado parlamentario. Pero no es en el puro terreno parlamentario sino en el terreno de la lucha de todos los estatales donde esta iniciativa puede prosperar. De hecho, un planteo similar a este, llevado adelante por Uepc para derogar la anterior ley jubilatoria 10.078 con el aval de 10.078 firmas, fracasó. Ahora vuelve a lo mismo y le exige a la Legislatura que elaboró y votó el robo a los jubilados que lo derogue, es decir que allana el terreno para que la 10.694 continúe. Sin plan de lucha esta acción es un desvío que prepara una nueva derrota.

Para dar por tierra con el ajuste jubilatorio y recuperar el 82% móvil hay que derogar la 10.694 y recuperar el control de la Caja. Para esto, hay que ir al paro y al plan de lucha. Tribuna Docente construye esta perspectiva.

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