Los trabajadores tercerizados de Edesur, pertenecientes a las empresas contratistas EMA y Argencobra, volvieron a tomar medidas de acción, con un corte en el acceso al Puente Pueyrredón (Avellaneda), ante el incumplimiento del gobierno nacional del compromiso de reinstalar a los trabajadores en puestos de trabajo. Este colectivo obrero ya lleva nueve meses luchando por su reincorporación, tras ser despedidos en medio de la pandemia. Al término de la medida anunciaron no recibir respuestas del gobierno y que intensificarán las acciones de lucha.

Se trata de un conflicto originado por el despido de 60 trabajadores tercerizados en empresas encuadradas bajo el convenio de la construcción que realizaban tareas para la distribuidora eléctrica Edesur, propias y habituales del convenio de Luz y Fuerza. Estos fueron despedidos cuando reclamaron su correcto encuadramiento y la organización gremial correspondiente.

La patronal de Edesur se muestra inflexible ya que cuenta con cientos de trabajadores sometidos a la misma modalidad precarizadora, lo que le asegura un abaratamiento de “costos laborales”, ofreciendo dinero a cambio de que los trabajadores desistan de su reclamo.

Desde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, han intentado lavarse las manos en reiteradas oportunidades, planteando que se trataría de un conflicto entre particulares y no de índole colectiva -lo que resulta un disparate- y que los trabajadores debería aceptar los retiros forzosos.

El caso guarda un interés particular ya que estos trabajadores habrían sido cesanteados bajo la vigencia del “decreto antidespidos” del presidente Alberto Fernández, durante los peores momentos de la pandemia. Se trata de una doble violación de los derechos laborales, tanto como una vulneración al derecho de organización sindical, como a la normativa emanada del Ejecutivo nacional.

Tras la última acción de los tercerizados de Edesur, el gobierno se había comprometido a un precario acuerdo, con la reinstalación de los trabajadores en algunos puesto de empleo. Sin embargo, desde la cartera de Trabajo no han cumplido y han cortado el diálogo con los manifestantes.

Cómo respuesta al reclamo obrero, el gobierno volvió a montar un despliegue represivo importante con efectivos de la Policía Federal Argentina, como el visto hace unos días para reprimir a los trabajadores ferroviarios que reclamaban por sus puestos de trabajo. Todo bajo la batuta de nuevo ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, con un antecedente nefasto y asesino, justamente, en el Puente Pueyrredón.

La Coordinadora Sindical Clasista partició de la acción, junto a otras agrupaciones sindicales y políticas de la izquierda, desplegando su apoyo a los trabajadores, ante la borrada sistemática de la Uocra y el sindicato de Luz y Fuerza,cuyas direcciones son cómplices del esquema de tercerización y precarización laboral del Estado y las distribuidoras eléctricas.

Los trabajadores manifestaron que la lucha sigue y que están dispuestos a elevar la apuesta, con medidas más severas, hasta obtener una respuesta del gobierno nacional, a donde dirigen la responsabilidad de dejar pasar estos despidos ilegales.