Los directivos de Toyota han manifestado recientemente su deseo de volver a implementar la reforma que flexibiliza el convenio de trabajo, para aumentar la producción de automóviles a costa de los trabajadores, quienes se niegan a laborar horas extra los fines de semana porque el pago adicional es confiscado por el Impuesto a las Ganancias. El de la automotriz japonesa es un caso testigo de la reforma laboral que promueven la Unión Industrial Argentina (UIA) y los políticos capitalistas, con apoyo de las conducciones sindicales.

La compañía nipona había avanzado en una modificación del régimen laboral en su planta de Zárate. El esquema, que funcionó entre enero y diciembre de 2022, estableció una semana laboral obligatoria para el personal que comenzaba los lunes y finalizaba los sábados al mediodía, con francos rotativos y menor plus por horas extra. Así logró que los obreros trabajen los fines de semana. Con ese régimen de mayor explotación, la automotriz logró una producción récord, y pasó a liderar el mercado local de automóviles. En enero de este año, la empresa abrió un tercer turno en la planta, lo que dejó sin efecto el esquema.

Ahora Toyota pretende reintroducir ese régimen, para seguir incrementando la producción. Para esto cuenta otra vez con la colaboración de la conducción del Smata, que fue un pilar clave en la reforma 2021; incluso la patrocinó como algo positivo para los obreros. Juega para las patronales, porque acuerda una rebaja en la remuneración en lugar de organizar una lucha por la derogación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario, y ni siquiera plantea que el pago del gravamen sea absorbido por la empresa, que es la que se beneficia con la expansión de la producción.

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De hecho, mientras rige esta imposición sobre los salarios (estos apenas superan el costo de una canasta básica familiar), las grandes empresas son beneficiadas con todo tipo de exenciones y rebajas impositivas. El gobierno del Frente de Todos, que apoyó abiertamente la reforma laboral en Toyota como vía modelo para avanzar sobre los convenios colectivos, también redujo a cero las retenciones a las exportaciones automotrices en la mayor parte de las ventas, lo que favorece en primer lugar a la firma nipona, que exporta el 70% de su producción. También trae desde sus plantas de Brasil otros modelos que no fabrica en Argentina, sin pagar derechos de importación por los acuerdos arancelarios del Mercosur.

La pelea contra la reforma laboral debe ir de la mano de una lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, antiburocrática y clasista, para que la crisis no la paguemos los trabajadores.

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