El próximo 25 se reunirá la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares del Ministerio de Trabajo. La convocatoria surge luego de la presión de diversas movilizaciones impulsadas desde el 2 de septiembre por la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. Acciones a las que luego se sumó el gremio UTDA (Unión de Trabajadores Domésticos y Afines), uno de los 12 gremios que se sientan a la mesa de negociación. El gobierno ha elegido el Día Contra la Violencia de Género para anunciar que condenará a más hambre y necesidades a las mujeres trabajadoras del gremio más grande del país.

Dicha Comisión, establecida por la ley 26.844 de 2013 está integrada por el Estado, 12 gremios de los cuales pocas de las 1.4 millones de trabajadores conocían su existencia, y por dos agremiaciones que hacen de representación patronal, una de ellas (SACRA) dirigida por la ex titular del Consejo Nacional de las Mujeres bajo el kirchnerismo, Pimpi Colombo. Esta comisión cuyo peso mayoritario es el de la representación estatal, es la que define desde el 2013 el monto salarial que cobrará el gremio más grande del país, integrado en un 95% por mujeres.

Desde su creación esta comisión ha sido la encargada de garantizar para estas mujeres salarios de indigencia que hoy se encuentran por debajo del salario mínimo, que representa un tercio del costo de la canasta básica de alimentos. Durante este año este sector es el que más sufrió el impacto de la crisis con despidos masivos y un mayor impacto inflacionario por tratarse de un sector que fundamentalmente compra alimentos. Mientras que este mes la inflación está calculada en un 3,8%, la inflación en alimentos trepa al 4,9%.

En lo que va del año la comisión estableció un incremento del 10% en dos tramos, que tampoco alcanzó a compensar la paritaria a la baja del año pasado del 30% en un año en el que la inflación se calculó en un 50%. El ingreso de la mayoría del personal doméstico registrado es inferior al salario mínimo que en el mes de marzo de 2021 llegará a $21.550. No es casual que la convocatoria a la paritaria se haga luego del reciente acuerdo entre el gobierno, las patronales, la CGT y las dos CTA, que condiciona al conjunto de los acuerdos paritarios y condena a los trabajadores a la indigencia. Roberto Picozzi, presidente de la Comisión de Trabajo Doméstico del Ministerio de Trabajo, ya adelantó que el aumento salarial no superaría el monto mencionado.

El gobierno “con perspectiva de género” no tiene reparo en mantener en la indigencia al gremio más feminizado del país, muchas de ellas jefas de hogar. Tanto es así que pocos días atrás han decidido eliminar el IFE, una asistencia mínima equivalente a 10 mil pesos cada dos meses a la que accedían una parte de estas trabajadoras.

Desde Prensa Obrera venimos reflejando la precarización laboral del sector y los distintos abusos patronales en el marco de la pandemia que van desde descuentos y suspensiones, hasta despidos o la obligatoriedad de trabajar sin protocolos de seguridad e higiene. El cuadro actual de crisis coloca a estas mujeres ante la encrucijada de protegerse del Covid-19 o exponerse a trabajar en condiciones de riesgo para poder comer.

Ante este escenario, la Agrupación de TCP en Lucha movilizará el 25/11 en todo el país reclamando aumento del 100%, subsidio de 30 mil pesos para todas las despedidas, registración, cobertura en salud que sus magros ingresos les impiden obtener y condiciones de trabajo que pongan fin a la arbitrariedad reinante. La organización independiente es el camino para quebrar el pacto social de las direcciones sindicales, defender el salario y conquistar las reivindicaciones de las trabajadoras.

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