Para sorpresa de nadie. Una fiscalización sobre la Expo Rural, que se realiza por estos momentos en el predio que la Sociedad Rural Argentina posee en Palermo, dio cuenta de que cuatro de cada diez stands (37%) tienen trabajadores informales. En uno de ellos trabaja un menor de edad y, claro, sin registración laboral (Mundo Gremial, 28/7). Vivo retrato de uno de los rubros con mayor precarización de la economía, donde el mismo capital agrario que especula reteniendo la cosecha y pugna por la devaluación paga salarios de indigencia y mantiene condiciones casi de esclavitud en sus campos.

En nuestro país abundan los casos de trabajadores rurales no solo despojados de los derechos laborales más básicos, bien sea la jubilación, los aportes, una obra social, ART o inclusive cobrar en tiempo y forma. Sino incluso de trabajadores que laburan “por temporada” en jornadas insalubres de 12 horas o más, expuestos a soles intensos o zonas peligrosas a cambio de “chirolas”, viviendo hacinados en condiciones deplorables en sucuchos por los que a veces tienen que pagarle “alquiler” a los patrones, impedimento de comunicarse con gente de afuera y otras atrocidades que han sido puestas de relieve incluso hasta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien algunos casos cobraron cierta relevancia, como el del trabajador golondrina Daniel Solano, desaparecido por la policía rionegrina luego de reclamar su salario a la patronal de Agrocosecha en 2011, hay un manto de silencio e impunidad generalizado sobre los capitalistas del agro para que día a día perpetúen este sometimiento. Hace solamente tres meses un operativo detectó a ocho trabajadores de la cosecha de papa en Balcarce, donde se corroboró que el patrón del campo los tenía viviendo en condiciones infrahumanas dentro de sus lotes, les descontaba la comida que consumían, vivían en casillas sin puertas ni ventanas, no tenían electricidad ni agua caliente.

Estos sucesos no son excepciones, sino una regla. Un caso similar tuvo lugar el año pasado, donde operativos mucho más grandes dio cuenta de ello. Intervenciones simultáneas entre San Juan y Corrientes detectaron más de 100 trabajadores hacinados, sin agua potable, mal alimentados y hasta contagiados de sarna. Así se organiza la producción en los campos de los dueños de la renta agraria del país, los que subfacturan la producción y la exportan desde sus puertos privados perpetrando un saqueo del país, y que pese a haber sido premiados con el “dólar soja” por el gobierno nacional siguen presionando por una devaluación mayor para estirar su rentabilidad.

Son los mismos que atacan al movimiento piquetero y los desocupados por el sencillo motivo de que los programas sociales que rondan hoy los $20.000 “compiten” frente a sus salarios de indigencia. Y, claro, nadie en su sano juicio quiere someterse a la barbarie que se vive en sus hectáreas para cobrar lo mismo. Incluso en varias ocasiones aparecieron patrones agrarios, como los tareferos de Misiones, “quejándose” sin sentir vergüenza porque los trabajadores “prefieren cobrar un plan” que poner el lomo bajo estas condiciones. Finalmente el gobierno les concedió la compatibilidad de los planes con el trabajo “por temporada”, en un subsidio indirecto a los explotadores. No obstante, aún con estos y otros beneficios de los que gozan (como el dólar soja y la devaluación encubierta), presionan a cielo abierto por la reforma laboral, tratando de colocar que el problema en la crisis son los “altos costos laborales”.

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