El gobierno viene trabajando la convocatoria a un congreso para discutir la productividad y “modernización” de los convenios colectivos de trabajo, en línea con los objetivos pactados con el FMI. El acuerdo con el Fondo trae una reforma laboral debajo del brazo, algo que el gobierno intentó ocultar sistemáticamente.

La noticia fue dada a conocer por el medio Infobae, desde donde citan fuentes oficiales, y aunque carece de detalles respecto a la modalidad, extensión y alcance de dicho proyecto, deja entrever la voluntad oficial de adaptar los lugares de trabajo a las necesidades patronales.

Del congreso en cuestión participarían el Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Productivo, de Ciencia y Tecnología y el de Salud, probablemente cuente con la participación de la burocracia sindical de las centrales obreras y las cámaras patronales, y estaría convocado hacia mediados de mayo.

Desde el gobierno afirman que la discusión sobre la productividad se trataría de “un tema de ciencia y tecnología, de innovación, de formación de trabajadores, de participación de los trabajadores en el diseño productivo o en los resultados de las empresas”, para oponerlo con lo que uno podría suponer una ampliación de la jornada laboral o intensificación del trabajo, a secas.

Se trata de un mero recurso discursivo,  las patronales, en medio de una huelga de inversiones, ponen como primera condición para poner un peso someter la legislación laboral y las condiciones de trabajo a los propósitos productivos de las mismas.

La adaptación de la jornada laboral a las necesidades productivas de las patronales, las “facilidades” para contratar y despedir trabajadores, la polifuncionalidad del empleo y el vínculo entre el salario y la productividad, por medio premios y/o trabajo a destajo, son algunos de los recursos preferidos de los capitalistas a la hora de hablar de “innovaciones”.

De allí que la propuesta venga de la mano de una “modernización” de los convenios colectivos, que no es más que una reforma laboral en toda la línea.

El supuesto que el gobierno maneja como modelo es el de la reforma laboral en Toyota, donde la patronal hizo pasar su reorganización productiva y de jornada laboral, suprimiendo las horas extra de los sábados, por medio de la colaboración activa de la burocracia sindical, con nula participación real de los trabajadores en el proceso de debate.

“La ley de contrato de trabajo está perfectamente redactada, pero está pensada para la década del 70″, aseguran desde el oficialismo (Infobae, 8/3), lo cual desnuda el verdadero carácter de una reforma que pretende introducir modificaciones de fondo contra los derechos de los trabajadores, como reclaman las patronales.

El gobierno vuelve a utilizar la extorsión de la “generación de empleo” para destrabar el avance de las pretensiones patronales, principalmente las vinculadas a la flexibilización de las modalidades de contratación y jornada laboral –como la reciente experiencia en Bélgica– , destrucción de categorías y extensión de polifuncionalidad, eliminación de indemnizaciones agravadas, etc., a sabiendas que ninguna de estas medidas ha implicado un aumento del trabajo en ningún país en donde se han aplicado.

Las patronales ya se valen de todos los vericuetos de la propia ley para hacer pasar situaciones de fraude laboral, por medio de contrataciones basura, tercerización y encuadres en el régimen de monotributistas, algo en lo que el Estado argentino es pionero, con contratos a tiempo que se renuevan eternamente y trabajadores precarizados de las cooperativas, sin reconocimiento laboral.

El pacto con el FMI viene seguido de la entrega de los convenios, actividad por actividad, y de una agenda patronal antiobrera que el gobierno respalda e impulsa. Derrotemos esta ofensiva con la movilización de los trabajadores y la expulsión de la burocracia sindical de los gremios y centrales obreras.