01/03/2021

Tres de Febrero: no al cierre de la Clínica San Andrés

Expropiación sin pago bajo control de los trabajadores.

Desde hace unas semanas está desactivado el funcionamiento de la Clínica San Andrés ubicada en Caseros, ciudad de Tres de Febrero. Se trata de un acto que linda en lo criminal y tiene como respuesta de sus empleados la ocupación del lugar de trabajo, en defensa de los bienes necesarios para la atención de pacientes. En plena pandemia, y de cara a la segunda ola de contagios prevista para abril estamos ante un hecho gravísimo, que debiera concitar la atención de las autoridades de todos los niveles.

Estamos ante un fracaso estrepitoso. El gobierno nacional está ocupado en tapar su propia crisis por el vacunatorio VIP y el fracaso en la promesa de tener cinco millones de vacunas en enero, cuando ya llegamos a marzo con la mitad de las dosis.

No hay, sin embargo, acción alguna de las autoridades para activar la Clínica San Andrés. Mientras el intendente Valenzuela pasea por el interior de la provincia armando su juego electoral, no atiende los trabajadores. No quieren más noticias nefastas sobre la cuestión salud y los medios oficialistas no difunden la denuncia del cierre de la clínica.  El macrismo, al frente de la intendencia, está cogobernando contra la salud pública.

La clínica estaba atendiendo a 18.000 afiliados del Pami que ahora son derivados a lugares distantes, como San Miguel. Van a entrar en saturación todos los servicios de Zona Norte. Esto ocurre cuando ya se estaban dando turnos a 30 y 60 días. La clínica posee 10 respiradores y 12 camas de terapia intensiva, tomógrafo y ochenta camas de internación, recursos imprescindibles en época de pandemia.

No estamos ante un establecimiento pequeño o secundario. Su cierre sería un paso más en la degradación y privatización de la salud en el distrito, sumado al retroceso de gasto previsto en el Presupuesto 2021, que va tocando un piso histórico del 1,3% del PBI. Incluso es menor, porque se desvían fondos públicos hacia la salud privada: Valenzuela donó 12 respiradores a las clínicas privadas, mientras hace agua la atención pública. Son privatizadores seriales.

En contraposición a esta política es que el Partido Obrero ha presentado en la cámara de Diputados de la Nación un proyecto para la centralización de todos los recursos de salud. El lucro capitalista es incompatible con la salud pública de calidad.

Hace ya un mes que los 144 trabajadores y trabajadoras, “personal esencial”, ahora pasaron a ser “personal descartable” y luchan para defender los puestos de trabajo y evitar el cierre de la clínica. Además, treinta médicos trabajaban precarizados y en situación de fraude laboral, bajo la figura de monotributistas, y a los cuales se les deben salarios. Compañeros enfermeros dejaron la vida en lucha contra el Covid, pero la situación sanitaria significó para la clínica una oportunidad más de introducir la flexibilidad laboral.

El silencio del sindicato Atsa Húrlingham no es casual en este cuadro. Durante veinte años impidieron la sindicalización de los trabajadores. A cambio, el secretario general, Jorge D`Andrea, se consiguió el lugar de presidente del PJ de Morón. Y desde ahí comparte negocios con Valenzuela (Cambiemos) y con los Zurachi. Una radiografía del régimen social que gobierna la Argentina de los últimos 38 años.

La familia Zurachi es propietaria de la clínica. Ante el conflicto familiar, no tienen ningún reparo en producir semejante daño a la salud de los vecinos y jubilados que se atienden en ella, ni dejar en la calle a sus trabajadores, bajo cuya explotación se enriquecieron. Es que bajo el régimen actual de promoción de la salud privada, el Estado no interviene y es tan culpable como los empresarios. Los gobiernos municipal, provincial y nacional dejan correr el ataque a los trabajadores y la salud de la población. No han hecho absolutamente nada para revertir la situación.

Es elemental evitar el cierre de la Clínica San Andrés. Hay que imponer que se garantice su funcionamiento, conservando las fuentes de trabajo, pagando los salarios adeudados y reconociendo la antigüedad, en algunos casos mayor a 30 años. El Estado debe hacerse cargo de las fuentes laborales, el salario e impedir el corte de agua y energía. La clínica debe ser expropiada por la provincia y puesta en marcha bajo control de los trabajadores.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda acompaña cada paso de esta importante lucha y llamamos al conjunto de los trabajadores, vecinos y organizaciones políticas, sindicales y sociales a rodear de solidaridad el conflicto, hasta la victoria de todos los reclamos.

No al cierre de la clínica. Defendamos los puestos de trabajo y la salud de los vecinos. Apertura de los libros contables. Estatización de la clínica bajo control de los trabajadores. Que los Zurachi paguen las deudas salariales con su patrimonio personal. Que el Estado garantice ya el pago de salarios y la provisión de agua y energía. ¡Viva la lucha de los trabajadores de la Clínica San Andrés!

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