El funcionamiento caótico de los tribunales mendocinos bajo pandemia tiene absoluta responsabilidad en la Suprema Corte de Justicia y el gobierno de Rodolfo Suárez, pues el criterio al que obedece es al ajuste precarizador.

El servicio de Justicia solo funciona por pura voluntad de sus trabajadores. La pandemia encontró un Poder Judicial resquebrajado, sin un sólo expediente digital, las plataformas virtuales contratadas no permiten que el trabajo remoto avance, la planta del personal judicial está congelada desde hace cinco años, por lo que ante cada jubilación o renuncia no hubo nuevos ingresos –en el área de limpieza esto favoreció a la empresa tercerizada- con lo cual la sobrecarga es enorme. Los salarios y paritarias están congeladas y la mayoría aún no cobra el aguinaldo de junio y cuando lo haga, estará completamente devaluado.

Las carpetas psiquiátricas que eran un problema de salud laboral antes de la pandemia, ahora se agudizaron. Los cargos ad hoc de funcionarios se multiplican en todos los ámbitos, como también las inequidades y acomodos en la cúspide de la pirámide judicial.

El comité de crisis que se conformó apenas declarada la pandemia –conformado por ministros de la Corte, el Colegio de Abogados y las dos conducciones- se reunió una sola vez para terminar dando todo el poder a la corte que dejó en manos de los jerárquicos de cada tribunal cómo actuar ante el Covid-19, favoreciendo la desorganización.

Ante un caso o sospecha de Covid-19 se actúa de manera anárquica, por ejemplo en mega juzgados civiles sin ningún criterio epidemiológico se establece que el trabajo presencial se realice día por medio, la Corte no se hace cargo de los hisopados, los turnos rotativos de 15×15 sólo se lograron donde se luchó colectivamente. Existe una larga lista de desidias patronales.

El reclamo de esencialidad

El Colegio de Abogados, afín al gobierno de turno, se queja y reclama declarar el servicio de Justicia como esencial a sabiendas de que para ello es necesario una reforma constitucional que es justamente lo que está en la agenda del oficialismo.

La esencialidad, además de usarse contra las luchas de los trabajadores del sector para declararlas ilegales, tampoco soluciona el problema de fondo que se viene gestando hace una década con el “proceso de modernización” que promovieron.

Ese proceso significó concentración de poder y uniformidad de los criterios para impartir justicia con la creación de los mega juzgados y reformas a los códigos de procedimientos hechos a la medida y celeridad que reclamaban las compañías financieras, recaudadoras de la provincia, y los grandes buffets-patronales de abogados. La tendencia modernizadora tuvo su impacto entre los abogados, perjudicando la labor profesional independiente y obligándolos a proletarizarse en la tradicional informalidad de los estudios jurídicos.

Significó también el recorte en la justicia laboral, evitando a los trabajadores su derecho constitucional con la creación de la Oclo (oficina de conciliación laboral obligatoria). Tanto para empleados como para abogados, es un proceso de precarización de la labor judicial.

La coartada de los 21 funcionarios equiparados

El gobernador Suárez intenta mostrar que enfrenta los privilegios del Poder Judicial y ataca a los 21 funcionarios equiparados a la Corte que cobran arriba de los 400.000 pesos. Entre ellos se encuentran cargos directivos que fueron claves para hacer pasar la flexibilidad laboral y reducción de la planta judicial como ser el Director de Recursos Humanos, el Secretario de Modernización y el Jefe del Departamento de Contabilidad, entre los principales.

La contracara de esto son más de 3.400 trabajadores judiciales con paritarias congeladas, trabajando ad hoc por años y apenas superando la canasta familiar. El gobernador Suárez quiere quitarles a los 21 pero dejando intacto los privilegios de los cortesanos y enterrar definitivamente cualquier perspectiva entre los judiciales de lograr el enganche de sus salarios con la Justicia nacional. Un gobierno que se sirve de la Corte para ajustar trabajadores no enfrentará los privilegios.

Los trabajadores judiciales tenemos que ponernos de pie y luchar por nuestros reclamos, los trabajadores autoconvocados de la salud y la docencia dieron ejemplo de cómo hacerlo. Luchemos en defensa de nuestra salud, por la aplicación de verdaderos protocolos ante Covid-19, por una recomposición salarial del 40% y una cláusula gatillo real, reapertura de paritarias, por el enganche con la Nación y el 82% móvil.