Este viernes 27 de marzo, la Uepc Capital, junto a trabajadores de la salud, judiciales y de la administración pública de Córdoba, convoca a una movilización con cacerolazo que se llevará a cabo a partir de las 18:30 horas e irá desde la sede del sindicato (Maipú 30) hasta Patio Olmos en reclamo de un aumento salarial que nos saque de la pobreza, por un salario inicial igual a la canasta básica y la actualización automática por inflación. También en rechazo a los descuentos por paro o asamblea, y por la reducción de los abusivos aportes a la Caja y a Apross, y la devolución de lo descontado.

Hoy el salario docente está en $963.000 y en el mismo nivel está el de la administración pública central. El reclamo principal de la docencia es una recomposición del 40% para salir de la pobreza, luego de haber perdido 5 puntos en la paritaria de 2025 (muy lejos de la recuperación que el gobierno de Martín Llaryora y la conducción de Roberto Cristalli prometieron al firmar ese acuerdo). De ahí que lxs docentes ya rechazaron dos propuestas de Llaryora para 2026, porque no planteaban recuperación sino más pérdida. Este rechazo de las escuelas en toda la provincia se dio de manera masiva, con parazos y multitudinarias movilizaciones, demostrando una verdadera rebelión de las escuelas contra el criminal ajuste del gobierno. 

Para más, mientras la nueva propuesta sigue sin aparecer, Llaryora ya anticipó que aplicará los descuentos por paro y que tendrá que reducir los fondos destinados a la obra pública para poder responder a las demandas de la docencia. Sin embargo, si analizamos las cifras, el presupuesto para educación es de $2,1 billones y, con el aumento del 40%, se incrementaría en unos $840.000 millones adicionales. Un dato no menor es que Córdoba dejará de recaudar este año unos $900.000 millones debido a los beneficios impositivos otorgados a los sectores capitalistas más concentrados; es decir, que con esos recursos ya se podría financiar dicho aumento. Llaryora beneficia a los especuladores inmobiliarios y al agro, mientras pone a funcionar las escuelas con un 10% menos de presupuesto. El mismo gobierno que dijo que en la provincia la obra pública no se frena, ahora quiere endilgarle a la docencia empobrecida un recorte a lo Milei.

En la declaración que firmaron conjuntamente docentes, estatales, judiciales y trabajadores de salud se denuncia que la situación de pobreza “es sistemática y sostenida hace años, pero desde que asumió Llaryora el ajuste se ha agravado y la pérdida salarial es de entre el 13,8 y el 18% según la medición que se tome”. Y agregaron que “esta situación ha llevado a que la inmensa mayoría de los trabajadores nos hayamos tenido que endeudar para poder comer y mantener a nuestras familias”. “Esto lleva a que en muchos casos el banco de Córdoba nos retenga casi la totalidad del sueldo para cobrar esas deudas”. En dicho documento, también denunciaron “la confiscación del salario con descuentos arbitrarios y abusivos, una marca del gobierno de Llaryora desde el comienzo”.

En este contexto, y ante la aceleración de la suba de los precios por el aumento de los combustibles, urge un paro provincial y un plan de lucha para frenar este ataque contra quienes viven de su trabajo y recuperar los salarios y jubilaciones. Sin duda, la conformación de un frente de estatales es la perspectiva necesaria para que la movilización triunfe, en unidad con todos los sectores en lucha.

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