Sindicales
6/5/2025
Un nuevo fallo contra la “criminalización sindical” de Lácteos Vidal
Fueron sobreseídos los activistas y dirigentes lecheros imputados por realizar bloqueos en medio de un conflicto por despidos.
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Lácteos Vidal.
En un fallo que bloquea las pretensiones criminalizadoras de las patronales, la Justicia de Trenque Lauquen sobreseyó a cinco dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) imputados por el delito de “compulsión a la huelga”, en represalia por realizar medidas sindicales en la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, partido de Carlos Casares, Buenos Aires.
La persecución penal contra los dirigentes y los trabajadores lácteos tuvo lugar luego de un conflicto en 2022, cuando la patronal de Lácteos Vidal se negó a recategorizar a un grupo de empleados, despidiendo en el proceso a 26 trabajadores, motivo por el cual el gremio Atilra convocó a un paro con presencia en los protones de la planta.
Dicha medida sindical fue denunciada por la patronal como si se tratara de un hecho delictivo sancionable por el Código Penal, atacando al derecho de huelga de los trabajadores y su representación gremial y desconociendo los derechos laborales vulnerados pro su conducta, con las recategorizaciones negadas.
Ya en el pasado reciente, la Justicia ordenó que la empresa reincorpore a los trabajadores despedidos que no habían aceptados acuerdos individuales o se habían jubilado, lo que trató de ser vulnerado por la dueña Alejandra Bada Vázquez, quien llegó a plantear previamente indemnizar a los 26 despedidos con quesos y productos lácteos de la empresa para revender.
Cabe destacar que Alejandra Bada Vázquez ha apoyado activamente el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (Meab), que se caracteriza por ejercer una presión mediática y en la Justicia para que las acciones sindicales sean tratadas como actos delictivos, reduciendo los derechos gremiales y laborales a meros enunciados sin valor.
Este fallo implica un golpe a la política de criminalizar la protesta sindical y social que impulsan las patronales y el gobierno, que se ve claramente en otros sectores, como en el movimiento de desocupados, donde se ataca y criminaliza la acción independiente de las organizaciones piqueteras, forzando encuadres legales delictivos para impulsar procesos judiciales que llevan años y buscan desautorizar y desbaratar la organización de los trabajadores.
