Con una paritaria vencida desde abril, la dirección de la UOM (metalúrgicos) cerró con las cámaras empresariales 0% de aumento y el pago de una suma no remunerativa equivalente a cinco cuotas de $6 mil mensuales, que comprende desde agosto hasta diciembre, a la cual hay que descontar la cuota sindical y la obra social. El acuerdo no comprende a las siderúrgicas y a la rama autopartistas, que pidieron 72 horas para evaluar. En diciembre proponen “volver a reunirse” para discutir el periodo de enero a marzo. Este acuerdo ruinoso propone “la paz social” hasta diciembre, es decir que además de ser una paritaria inconsulta con los trabajadores se le pone freno a cualquier tipo de reclamo y medida.

Está suma se abonará íntegramente excepto ausencias por causas injustificadas y proporcionalmente a quienes cumplan jornadas inferiores a la legal, bajo modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida (arts. 92 ter y 198 de la LCT). Esto habilita a que los trabajadores suspendidos bajo el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que ya cobran el 70% del bruto, o, por ejemplo la población de riesgo suspendida, cobrarán un proporcional del monto de 6 mil o nada.

Sin ningún aumento al básico el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) sigue estando hoy en $27.946 cuando la canasta de pobreza alcanzó los $43.800 en junio. A este derrotero hay que sumarle la continuidad del régimen de suspensiones por el cual los trabajadores metalúrgicos que no cumplan tareas debido a la pandemia cobrarán sus salarios con recortes.

La letra chica plantea que los términos del pago extraordinario podrán no aplicarse en los casos de empresas “incluidas en programas de Recuperación Productiva o que tengan abiertos Procedimientos Preventivos de Crisis” o bien “que se encuentren incluidas en Programas de Emergencia Ocupacional o en situaciones de crisis” las cuales tendrán la chance de “adecuar la implementación” del entendimiento firmado con el gremio en la seccional que correspondiera (Ámbito 18/8).

Desde Agrupaciones Metalúrgicas en la CSC denunciábamos el mes pasado que se estima que el 70% de las patronales metalúrgicas recibieron el beneficio del ATP -el pago de salario con fondos de la Anses- lo cual implicaría que esas fábricas podrían no recibir ni siquiera el bono de $6 mil.

El ataque de las patronales sigue en pie y se profundiza

La crisis abierta tras el anuncio del grupo Techin en julio de querer pagar los salarios al 50% generaron una norme reacción de los trabajadores que hizo recular a empresas y burocracia sindical. El Grupo Techint, incluso, se dio el privilegio de rechazar el subsidio a las patronales (ATP) para evitar el bloqueo al giro de dividendos al extranjero y operaciones de compra de dólares, como requisitos de la percepción del beneficio.

Los despidos y las suspensiones avanzan

Si bien se revalidó el supuesto decreto de prohibición de despidos, las patronales lo vienen eludiendo, como Techint que despidió a 1.450 trabajadores con el aval del gobierno. Dicho decreto, que hemos denunciado desde estas páginas por su carácter limitado y tardío, permite las suspensiones siempre y cuando haya acuerdo entre empleados y empleadores; es decir, entre los Paolo Rocca y la burocracia patronal de la UOM que arregla sin ningún mandato de los trabajadores. El decreto presidencial es preciso en los detalles para favorecer a las patronales.

En Siderca, con un acuerdo inferior al nacional (suspensiones al 80% del salario neto) firmado por la burocracia, los trabajadores denuncian un ataque en sus condiciones de trabajo y ritmos de producción, con recargas de tareas y modificaciones arbitrarias, que se inscriben en una reforma laboral de hecho.

En Aluar se ejecutan despidos arbitrarios y las suspensiones son pagadas al 75% (del salario neto), también por debajo del acuerdo nacional.

Este cuadro pone de relieve la urgencia de una respuesta del conjunto de los trabajadores metalúrgicos. Es necesario que se convoque un congreso de delegados, tomando todas las precauciones sanitarias, con mandato de asamblea de cada lugar de trabajo, para elaborar un pliego en defensa de nuestros salarios y condiciones de trabajo, y un plan de acción. La apertura de los libros de las grandes empresas bajo control de los trabajadores. Ningún despido, ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Por comisiones de seguridad e higiene electas por los trabajadores, que establezca los protocolos y los criterios sanitarios correspondientes para preservar nuestra salud.