“No vamos a exigirle a Alberto un bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil”. declaró en una entrevista radial Andrés Rodríguez, famoso tanto por ocupar el cargo de secretario general en la Unión del Personal Civil de la Nación como por ser propietario de caballos de carrera y miembro de la Sociedad Rural. “Creo que el acuerdo económico y social se va a dar”, agregó.

Los trabajadores y trabajadoras del Estado deberíamos tomar nota seriamente de este anuncio. Sucede que, como dijo Rodríguez, “la situación es muy difícil”, precisamente para quienes vivimos de un salario. Semejante crisis, que ha pulverizado el nivel de vida de las masas en general, y en este caso particular de los estatales, reclama medidas urgentes para defender a las mayorías trabajadoras.

Contrariamente a esta necesidad, el pacto social que promocionan el presidente electo Alberto Fernández y la burocracia sindical supone sacrificar las demandas de la clase obrera, que es la única condenada a “poner el hombro”.

Indudablemente, las declaraciones del líder de UPCN no son excepcionales. Todas las alas de la burocracia sindical están preparando el terreno para suscribir un acuerdo contra los intereses de los trabajadores en nombre de “la pesada herencia”. Así lo declararon Hugo Yasky, de la CTA, para quien “no estaría mal” congelar los salarios; Héctor Daer, de la CGT, quien señaló como si fuera líder de la UIA que los sueldos “no pueden aumentar 35%”; y Roberto Baradel, de Suteba, que anticipó el comienzo de clases “normal” al margen del presupuesto educativo o los ingresos que perciba la docencia. 

Hay que discutir esta grave situación por abajo, organizando asambleas sin distinción de afiliación. Ahí podríamos discutir nuestros reclamos, que empiezan por la inmediata reapertura de las paritarias, el establecimiento de un aumento de emergencia, el mínimo equivalente a la canasta familiar y la indexación según inflación. Además, está al rojo vivo la cuestión del pase a planta y la reincorporación de las y los despedidos bajo el macrismo. Es claro que las direcciones burocráticas de ATE no pueden ni quieren cumplir el rol de desarrollar esta lucha, ya que forman parte del amplio universo sindical embretado con Fernández y, por lo tanto, con el pacto social. 

La transición que se cocina es contra el pueblo, pero opera sobre un volcán, con la perspectiva de nuevas devaluaciones, crisis bancarias y saltos inflacionarios. Llamamos a los estatales a deliberar con los ojos puestos en Chile y Ecuador, y preparar acciones en defensa de nuestras condiciones de vida.