El intendente de la capital de Córdoba dio marcha atrás en las principales medidas que pensaba imponer para las cuales incluso hizo votar a sus ediles en el Concejo un “emergencia del transporte”.  Esto fue luego de 21 días de huelga impuesta por los “autoconvocados” y los trabajadores de Ersa y AuCor.  Decenas de movilizaciones, ollas populares, piquetes en la circunvalación y en los puentes sitiaron el centro de la ciudad; a su vez, una movilización histórica al Concejo Deliberante contó con 2.000 trabajadores junto a sus familias.

El intendente, a media mañana de hoy 21/7, tuvo que bajar su ofensiva y morigerar sus pretensiones y pasar a un “convenio de colaboración por tres meses para cumplir con las deudas con los trabajadores y establecer un plan de contingencia” (Cadena 3, 21/07). Entre los principales puntos del “plan” se establece el no aumento de la tarifa, el pago del aguinaldo en tres cuotas, el pago de la totalidad de la deuda salarial, que en algunos casos asciende a los $160.000. El salario único se pagará el 4 de cada mes para que coincida con el ingreso de los subsidios y desaparecería el vale que se pagaba el 20 en forma de adelanto. A su vez, se modificarán las licencias complementarias con adelanto de vacaciones sin jornadas reducidas. La pérdida más significante es que los compañeros que están en el uso de su licencia por ser personal de riesgo frente a la pandemia no cobrarán el viático: una suma que representa aproximadamente el 15% del salario. Esta medida, a pesar de ser ilegal, están siendo implementada por la mayoría de las patronales del país.

A pesar de que nunca se discontinuaron los subsidios y que las empresas que explotan el TUP han amasado fortunas, los trabajadores del volante han perdido su salario, sus obras sociales e inclusive han sido reprimidos en varias ocasiones. La intervención de UTA solo se hizo visible los últimos días, cuando ya se había consolidado una organización de lucha entre los trabajadores.

Privándoles de su sueldo y cobertura médica, el intendente Martín Llaryora intentó hacer pagar la factura de años de vaciamiento del Transporte Público de Pasajeros (TUP) a los principales perjudicados por este vaciamiento: trabajadores y usuarios. Esta “emergencia del transporte” establecía una desregulación total del sistema: reducción de frecuencias, disminución de recorridos, aumento del boleto y una modificación unilateral del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que incluía reducción salarial, disminución de las horas de trabajo sin remuneración y futuros despidos.

El hecho de que Llaryora cierre un acuerdo solo por tres meses tiene que ver con que pretende descomprimir para ir nuevamente contra la organización conquistada entre los choferes y trabajadores del transporte. El mismo movimiento que hizo retroceder a Llaryora tiene tres meses para consolidar lo obtenido y conquistar el pliego de reclamos que estuvo presente en las asambleas: actualización salarial frente a la inflación 2020, pase a convenio de los 32 compañeros contratados, plena vigencia del convenio local, reincorporación de los compañeros despedidos.
Esta tarea, que se tiene que desarrollar sin romper el frente único logrado, está en manos de los que pusieron en pie esta lucha: el activismo y los autoconvocados.