Tras el argumento de “discriminación” en la distribución de subsidios del transporte en Córdoba, se está cometiendo todo tipo de atropellos laborales y humanitarios contra los choferes del TUP (Transporte Urbano de Pasajeros).  El gobierno municipal capitalino retiene los subsidios nacionales y provinciales destinados al salario de casi 3.000 empleados para que estos resignen parte de sus ingresos y derechos laborales. Sin contar que de proceder el ajuste, los pasajeros tendrán que soportar un servicio más precario y más caro.

Los trabajadores no cobraron la totalidad de los sueldos de abril, mayo, junio y ya se suma el adelanto de julio, además de un bono excepcional y el aguinaldo. A lo que hay que agregar que hace meses se hacen los descuentos sin ser aportados a la obra social, jubilación y cuota alimentaria.

Esto a pesar de que el municipio ya recibió los 90 millones de pesos que por mes destina el gobierno provincial a las prestatarias de la ciudad de Córdoba y los 118,6 millones que aporta la Nación. Esta última suma, según el secretario general de UTA, Roberto Fernández, ha aumentado de acuerdo le informó el propio jefe de Gabinete Santiago Cafiero (Cadena 3, 20/7).

Según el vicepresidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, con esta suma “llegamos a cubrir el 70 por ciento de los sueldos con los subsidios”  (La Voz, 6/7). Esto sin contar los ingresos que se produjeron por el corte de boleto previo al paro que sostiene UTA desde hace 20 días, ya que a pesar de haber trabajado durante ese mes, no se les pagó nada. Una estafa que preparaba una extorsión.

Hay que remarcar que el subsecretario de Movilidad Urbana, Gonzalo Guevara, cuando se decretó el paro declaró: “estamos de acuerdo con la medida, no desconocemos las deudas” (Cba24N, 6/7) y reconoció que los subsidios de Nación se triplicaron este año.  Sin embargo, hoy los funcionarios del intendente Martín Llaryora plantean que el supuesto déficit de 210 millones de pesos que tiene el transporte tiene que ser absorbido por trabajadores y usuarios.

Los subsidios, sin los cuales no podría ser rentable ni “operativo” el transporte según el municipio y la Fetap, fueron una caja negra con las que pequeñas empresas municipales en manos de testaferros del poder político se transformaron en grandes corporaciones.  En diez años, cinco empresas se repartían casi la totalidad de los recorridos del país, entre estas hay que anotar a Ersa y AuCor.

Para más, en el caso de los subsidios nacionales que se distribuyeron el mes pasado todavía no está la norma publicada. Los parámetros que se publicaban en el mismo momento que los subsidios, hoy no están. En el Amba, que ya se distribuyen los de junio y en algunos casos julio, se han publicado los parámetros de marzo y en el interior ni noticias. Por esto, tanto Nación, provincia, municipio y empresas pueden hacer uso y abuso de los subsidios a costa de un sistema más que obsoleto y de dejar sin obra social, salario y atención primaria a los trabajadores del transporte.

La CGT y UTA nacional permitieron que el paro quedara aislado y ni siquiera se han pronunciado contra la brutal y permanente represión que sufren las medidas de lucha que desarrollan los trabajadores. La burocracia desnuda, ya de forma obscena, los fuertes compromisos que la une con el ajuste del gobierno municipal, provincial y nacional.

Por el pago inmediato de todos los salarios caídos, la defensa del convenio y la estatización del TUP bajo control de sus trabajadores y usuarios. ¡Vamos por el triunfo de esta lucha!