Las cámaras patronales del sector y la UTA están negociando la revisión del tramo octubre a diciembre de la paritaria 2020. La última reunión de las partes, el 10 de febrero, fue postergada para el día 18. El pedido de reajuste -inconsulto respecto a la base del gremio- es de 11,4% para “compensar” la inflación del último período, es decir, sin siquiera proponer una mejora real de las remuneraciones.

La negociación transcurre fuertemente condicionada y el incremento salarial, en los términos planteados tanto por el sindicato como por las cámaras, está atado a un nuevo incremento de los subsidios a las patronales, a cuenta del gobierno. El rol de la UTA, completamente subordinado a los empresarios es terciar en la puja por estos fondos, no desarrollar una política que se apoye en -y a su vez defienda- las reivindicaciones de los trabajadores. La defensa de una posición de lucha consecuente es incompatible con la burocracia sindical, tanto la que está al frente de la UTA -Fernández- como la de Bustinduy.

La cuestión del subsidio a los monopolios y empresas de transporte es, en definitiva, el sostenimiento de las ganancias de las patronales por parte del gobierno. El presupuesto 2021, incluso los incrementa en términos reales (considerando la inflación proyectada) un 1,3% (Letra P, 30/10/2020) beneficiando a las empresas. No obstante, los ajustes tarifarios se suceden ininterrumpidamente (caso Rosario como ejemplo reciente donde subió a $45 el boleto) y los salarios en el gremio caen año a año en términos de su poder de compra. Alrededor del tema de los subsidios puede observarse también el papel parasitario de las empresas de transporte y la crisis terminal de un sector que no puede sobrevivir sino a costa de un salvataje económico permanente por parte del Estado. Estos elementos hacen a aspectos de fondo en la actual discusión salarial y plantean la necesidad de que el activismo y el conjunto de los trabajadores del gremio hagamos un planteo que proponga una salida a esta situación. La apertura de los libros contables de las empresas para que se termine la confidencialidad respecto a las ganancias de los monopolios del transporte, y el planteo de estatización bajo control de comités de trabajadores, en oposición a los tarifazos y los ajustes contra los trabajadores, son planteos que pueden y deben debatirse ampliamente.

Respecto a la revisión paritaria en curso planteamos que aún con este carácter limitado propio de la convocatoria cuyo fin es únicamente analizar el desfasaje del último trimestre 2020, no debe perderse la oportunidad de desplegar una campaña por el salario mínimo del chofer ingresante igual al valor de la canasta familiar, que hoy ronda los $90 mil. Es el salario conquistado por la huelga de los aceiteros de diciembre 2020. Eventualmente, ningún reclamo salarial debería desarrollarse sin apuntar a una recuperación real del salario que alcance para cubrir las necesidades vitales de las familias trabajadoras. En segundo lugar y como un planteo mínimo elemental que se ha desarrollado en diferentes sectores en lucha del gremio, en particular en las largas huelgas del interior, hacemos propio el planteo de que el subsidio salarial sea depositado directamente en las cuentas sueldo de los choferes. Este planteo buscar atenuar la arbitrariedad en el manejo del subsidio, que se embolsan las patronales, sin embargo, señalamos también que el responsable del enriquecimiento de los empresarios es el gobierno y su política de transporte. Por último, deben ser asambleas en todas las líneas las que definan aprobar o no la propuesta de revisión paritaria.

El punto de partida de estas reivindicaciones es la asamblea y la “autoconvocatoria” en las líneas y el plan de lucha.