La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició este miércoles 1/7, un paro del transporte en las provincias del interior en reclamo del pago del medio aguinaldo de junio y por deudas salariales acumuladas durante los meses de la pandemia. La huelga abarca a numerosas provincias como Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Jujuy y Córdoba -uno de sus epicentros-. Rosario es otro eje, con un fuerte activismo que viene de parar por tiempo indeterminado también en junio y realizar movilizaciones masivas. Otras ciudades importantes donde se está paralizando el transporte son Bariloche y Mar del Plata.

La actividad del transporte automotor se ha derrumbado en el marco de la pandemia. La Cámara Patronal (Fatap) señala una grave crisis y pérdidas por $18 mil millones. La cantidad de pasajeros transportados oscila en una baja de entre el 80 y el 90%. En la larga distancia el parate es del 100% de la actividad, lo mismo que en el interurbano.

La crisis del sector, que no es nueva, hizo recrudecer una durísima puja entre las patronales y el gobierno nacional por los subsidios destinados al transporte. Esta disputa también se expresa en el propio seno de la patronal, entre las empresas provinciales y las del Área Metropolitana de Buenos Aires. A junio de este año, el “Fondo Compensador” del transporte fue distribuido, de acuerdo a datos del Ministerio de Transporte, en una proporción de 80% por ciento a la zona Amba y 20% al interior. Las patronales intentan –de la mano de la burocracia sindical- colocar la huelga al servicio de esta puja con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y una “redistribución” más federal, por así decirlo, del subsidio. Pero este método de presión patronal en el que las empresas dan luz verde al paro y lo dejan correr es un juego peligroso, porque entre estas pujas y contradicciones se está abriendo paso un proceso de lucha muy amplio.

La huelga fue convocada por el Consejo Directivo Nacional de UTA en conjunto con las direcciones de las seccionales provinciales. En el interior tiene un peso preponderante la fracción de Roberto "Gallego" Fernández, secretario general del gremio. La orientación de la burocracia sindical es la de subordinar los intereses de los trabajadores a la pelea por el reparto de los subsidios por parte de las patronales. Por su parte la fracción de Miguel Bustinduy –Agrupación J. M. Palacios, enfrentada a Fernández- tiene fuerza en el Amba, donde oficia de agente del monopolio Dota, beneficiado por la distribución actual de los subsidios. El entramado de los intereses patronales, en los cuales las distintas fracciones están involucradas, determina la orientación general de la burocracia sindical en sus dos variantes. Es por eso que el “paro solidario” del Amba en apoyo a la lucha del interior –en realidad necesario para oponerse a la propia rebaja salarial que sufren los choferes de todo el país, a los cuales de uno u otro modo les rebajaron el salario- no es convocado y que, a pesar de la extensión de la huelga, esta aparece “atomizada”.

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Los choferes cordobeses, como antes los rosarinos (con 23 días de huelga en junio y movilizaciones masivas), son la vanguardia de la huelga en el interior. Nuevamente, a pesar del duro golpe que significaron los despidos masivos durante la huelga de 2017, muestran grandes reservas de lucha. En este sentido, marcan un camino para el desarrollo del paro. Los “autoconvocados” en Córdoba garantizan la huelga con piquetes en las líneas y montaron un acampe en la puerta del gremio, que funciona como centro de coordinación y centralización de la lucha. Reclaman, además de las deudas salariales y de medio aguinaldo, por el pase a convenio de 34 trabajadores de la empresa Ersa.

La huelga por tiempo indeterminado de UTA en el interior pone arriba de la mesa varias cuestiones. En primer lugar, en relación con la integralidad del salario y el cobro del aguinaldo, la necesidad de rechazar los acuerdos firmados por la propia UTA para el interior -88% del salario pagado como asignación no remunerativa- y el acuerdo para larga distancia - $32 mil fijos como asignación no remunerativa-. En segundo lugar, se plantea la necesidad de un congreso de delegados con mandato de todo el país, por el paro nacional y plan de lucha, no solo en “solidaridad” con el interior sino para defender el salario en todo el país, incluido Amba.

Al calor de la huelga del interior se plantea el desarrollo de una posición propia de los trabajadores frente a la crisis terminal del actual esquema de subsidios, que permita defender los puestos de trabajo y a su vez no cargue la crisis sobre los trabajadores usuarios con tarifazos. En este sentido, hay abierto un amplio campo para la generalización del planteo de apertura de los libros de las empresas y estatización sin pago y bajo control de los trabajadores del transporte público.

De los choferes de Córdoba, Rosario y el interior, hasta el activismo del gremio de todo el país, hay un punto de apoyo para plantear estos aspectos de fondo.